Un juez de San José del Guaviare ordenó suspender temporalmente los bombardeos y otras operaciones militares ofensivas contra grupos armados ilegales en las zonas donde exista información sobre una posible presencia de niños, niñas o adolescentes.
La decisión fue tomada por el juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Jhoan Aguilera Martínez, mientras se estudia una acción de tutela relacionada con la protección de menores que presuntamente habrían sido reclutados por grupos armados que operan en la región.
Según la medida judicial, las Fuerzas Militares deberán abstenerse de realizar este tipo de operaciones cuando existan reportes de inteligencia, alertas preventivas u otras fuentes objetivas que permitan establecer que menores de edad podrían encontrarse en el área prevista para una acción militar.
El objetivo de la decisión es prevenir que niños y adolescentes queden expuestos a los efectos de los bombardeos o de operaciones aéreas ofensivas, especialmente teniendo en cuenta que algunos menores podrían estar bajo el control o la influencia de organizaciones armadas ilegales.
La orden cobija al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, además del Ministerio de Defensa y las autoridades militares encargadas de planear y ejecutar este tipo de operaciones.
Esta no es la primera decisión judicial que establece restricciones a los bombardeos cuando existe información sobre la presencia de menores. Días atrás, otro juzgado había ordenado al Gobierno abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas en circunstancias similares, argumentando la necesidad de garantizar la protección especial que tienen los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado.
La medida adoptada en Guaviare tiene carácter provisional y permanecerá vigente mientras la justicia analiza de fondo la tutela. El juez busca evitar posibles daños irreparables a los menores que puedan encontrarse en las zonas donde se desarrollan las operaciones militares.
La decisión vuelve a generar un debate sobre el uso de bombardeos como estrategia contra los grupos armados ilegales y sobre los límites que deben tener estas operaciones cuando existe riesgo para la población civil, especialmente para los menores de edad.
El caso también plantea un desafío para las autoridades: mantener las acciones contra las estructuras armadas que operan en el territorio, pero al mismo tiempo garantizar que las operaciones militares cumplan con las obligaciones constitucionales y legales de protección de los niños y adolescentes.
