Acusado de homicidio

La muerte de Kevin Acosta, un niño de apenas siete años que padecía hemofilia, vuelve
a generar indignación en Colombia luego de que la fiscalía general de la Nación
anunciara la imputación de cargos contra un médico y cuatro funcionarios
administrativos relacionados con la Nueva EPS.
El proceso busca establecer si existieron responsabilidades por presuntas fallas médicas
y administrativas que habrían retrasado la entrega del tratamiento que requería el menor.
El caso ocurrió en medio de la espera de un medicamento fundamental para atender la
enfermedad que padecía Kevin, quien falleció el pasado 13 de febrero. La situación ha
provocado cuestionamientos frente a la atención recibida y a las decisiones adoptadas
durante el proceso.
Investigación
De acuerdo con la información divulgada, la Fiscalía imputará el delito de homicidio
culposo a los cinco señalados, entre ellos un profesional de la salud y cuatro personas
vinculadas al área administrativa de la Nueva EPS. La investigación pretende
determinar qué ocurrió durante el proceso de atención y si las actuaciones u omisiones
de los involucrados tuvieron relación con el desenlace fatal.
Entre los imputados aparece Luis Óscar Gálvez Mateus, quien tuvo participación en el
ámbito administrativo y médico del departamento del Meta. Gálvez Mateus se
desempeñó como jefe interventor del Hospital Departamental de Villavicencio entre el
28 de octubre de 2015 y el 21 de enero de 2020.
Su paso por la institución estuvo acompañado de cuestionamientos relacionados con
asuntos administrativos y actuaciones que generaron polémica en la región. Ahora, su
nombre vuelve a aparecer en un proceso judicial de alto impacto nacional debido al caso
del menor.
Responsabilidades
La imputación no significa que los señalados hayan sido declarados culpables. Será
durante el desarrollo del proceso judicial cuando se establezca si existieron conductas
que puedan configurar el delito investigado y cuál habría sido la responsabilidad
individual de cada uno.