Hace pocos días tuve la oportunidad de realizar una reunión virtual, de esas que los gomosos de la informática denominan videoconferencia. Uno de mis interlocutores estaba en Medellín, otro en Bogotá y yo en el escritorio de mi oficina en Pasto.
La reunión comenzó a la hora convenida. El retraso en su iniciación no fue mayor a 3 minutos. Todos estuvimos puntuales. El tema se trató a profundidad en menos de 15 minutos y se tomaron las decisiones que se requerían. Como si fuera poco el evento quedó grabado para cuando se necesite revisar.
Si viviéramos en el siglo pasado, lo más probable es que quienes estábamos en Medellín o Pasto tuviéramos que desplazarnos a Bogotá para encontrarnos, perdiendo tiempo y asumiendo elevados costos económicos y de tiempo.
Si bien la pandemia nos ha dejado dolor, muerte y pobreza, hay que reconocer que aceleró el proceso de modernización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, poniendo en nuestras manos herramientas que nos permiten estar a tono con el siglo XXI.
Lastimosamente este privilegio de unos sigue siendo una frustración para la inmensa mayoría de los colombianos, porque según la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), a 2020 la cobertura en internet fue del 52% en zonas urbanas y únicamente del 7% en zonas rurales. El Gobierno espera que a 2022 la cobertura de banda ancha sea del 70%. Sin embargo, me temo que, a raíz de los escándalos de malos manejos de los recursos del Ministerio de las Comunicaciones que ha salido a flote en las últimas semanas, este sueño será una esperanza aplazada.
El internet hoy es un servicio público, como el agua o la energía. Es una necesidad que el gobierno y nuestros líderes deben apoyar, para que haya mayor equidad y justicia social. Permitir que solo llegue a los sectores urbanos y a quienes tienen el poder económico y dejar a quienes viven en el sector rural y a los más pobres sin posibilidades de conectarse es un abuso que no podemos cohonestar.
POR: VICTOR RIVAS MARTINEZ.