Durante la tercera mesa técnica instalada por la Corte Constitucional para revisar el proyecto de marco tarifario del servicio de aseo, que prepara la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Procuraduría General de la Nación presentó el seguimiento preventivo que realiza en torno a la protección de los derechos de la población recicladora.
En la jornada las delegadas para la Gestión y Gobernanza Territorial y Segunda Preventiva para la Vigilancia de la Función Pública informaron que esta actuación, que ha incluido un análisis técnico y jurídico del proyecto, se ha desarrollado en torno a dos ejes fundamentales:
El primero, garantizar que se incorporen de manera efectiva las órdenes de la Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003, que buscan asegurar la permanencia y el fortalecimiento de las acciones afirmativas dirigidas a los recicladores de oficio, sujetos de especial protección constitucional.
Y el segundo, verificar que la nueva metodología tarifaria contribuya al fortalecimiento de la continuidad, calidad, cobertura, eficiencia y sostenibilidad en la prestación del servicio.
