Mikhail Krasnov, exalcalde de Tunja/foto: archivo particular.
Durante una sesión del Concejo de Tunja se confirmó que la Fundación Éxito dio por terminado el acuerdo específico de cooperación que permitía cofinanciar paquetes nutricionales dirigidos a mujeres gestantes, niños y niñas de primera infancia en condición de vulnerabilidad. La decisión se adoptó como consecuencia de las políticas internas de cumplimiento normativo de la organización, luego de la imputación de cargos que enfrenta el exalcalde Mikhail Krasnov.
Fin del convenio
La información fue revelada tras un cuestionario presentado por el concejal Giovany García, quien solicitó explicaciones sobre la continuidad de los recursos que complementaban la financiación de este programa social y que contribuyen a reducir el costo de los suplementos nutricionales entregados a la población beneficiaria.
Durante su intervención ante la plenaria, la secretaría de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social, Katherine Coronado Vitolo, explicó que la Fundación Éxito informó oficialmente la terminación del convenio debido a las restricciones establecidas en sus políticas de cumplimiento y transparencia, las cuales limitan la celebración o permanencia de acuerdos con entidades involucradas en procesos judiciales que comprometen a sus representantes legales.
La funcionaria aclaró que la suspensión del convenio no implica el fin del programa de atención nutricional en Tunja. Según indicó, la administración municipal continúa garantizando la entrega de los paquetes alimentarios con recursos propios, aunque reconoció que la pérdida del aporte privado representa un desafío financiero para mantener el mismo esquema de cofinanciación.
Impacto financiero
Como antecedente, la Alcaldía de Tunja recordó que en 2020, mediante una alianza con el Grupo Éxito y la Fundación Éxito, se ejecutaron recursos por 248 millones de pesos.
Esa inversión permitió subsidiar 3.132 paquetes nutricionales destinados a 783 mujeres gestantes y familias con niños y niñas de primera infancia, fortaleciendo la atención a población vulnerable del municipio.
El caso pone de manifiesto el impacto que pueden tener las investigaciones judiciales contra funcionarios públicos sobre las alianzas entre entidades estatales y organizaciones privadas. Aunque el programa social continúa en funcionamiento, la terminación del convenio evidencia cómo los procesos legales también pueden generar consecuencias administrativas y financieras para iniciativas dirigidas a la comunidad.
