Martha Carvajalino, ministra de Agricultura/ foto: archivo particular.
El Gobierno nacional adoptó una nueva metodología que permitirá identificar y evaluar las actividades agropecuarias desarrolladas en ecosistemas de páramo, con el propósito de fortalecer su protección ambiental y promover prácticas productivas sostenibles.
Alcance
La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta expedida por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural.
El instrumento, denominado Metodología para la Determinación de las Actividades Agropecuarias de Bajo Impacto en Páramos (MBIP), está contemplado en la Ley 1930 de 2018 y busca establecer criterios técnicos para determinar cuáles actividades agropecuarias pueden considerarse compatibles con la conservación de estos ecosistemas estratégicos. Según el Gobierno, la metodología permitirá realizar diagnósticos en terreno para identificar las prácticas productivas que actualmente desarrollan campesinos y productores en zonas de páramo.
Con esta información se pretende construir una línea base que facilite la implementación de programas de reconversión y sustitución productiva, así como la entrega de incentivos orientados a fortalecer modelos agropecuarios sostenibles.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, afirmó que la herramienta reconoce el papel de las comunidades campesinas en la producción de alimentos y en la protección de la biodiversidad, al tiempo que promueve la transición hacia prácticas agroecológicas.
Desafíos
La resolución establece que la metodología deberá aplicarse a personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades agropecuarias en páramos delimitados o en proceso de delimitación participativa. Asimismo, contempla un enfoque diferencial para habitantes tradicionales y organizaciones campesinas, reconociendo las particularidades sociales y económicas de estas comunidades.
Uno de los aspectos relevantes es que las actividades destinadas exclusivamente al autoconsumo familiar quedarán excluidas del proceso de evaluación, una medida que busca evitar afectaciones a la seguridad alimentaria de las familias que habitan estos territorios.
Sin embargo, el reto principal estará en garantizar que la implementación de la metodología logre equilibrar la conservación ambiental con las necesidades económicas de miles de familias campesinas que dependen de la producción agropecuaria en zonas de alta montaña.
Expertos han señalado que el éxito de la estrategia dependerá de la disponibilidad de recursos, el acompañamiento técnico y la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones. La metodología será revisada y actualizada cada tres años para adaptarse a las condiciones y necesidades de los territorios.
