La Federación Internacional por los Derechos Humanos expresó su preocupación por varias de las propuestas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, advirtiendo que, de llegar a la Presidencia de Colombia, algunas de sus iniciativas podrían representar riesgos para los derechos humanos, las garantías democráticas y el Estado social de derecho.
El pronunciamiento se produjo a pocas horas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. A través de un comunicado público, la organización internacional señaló que varias propuestas relacionadas con seguridad, justicia e institucionalidad podrían afectar derechos fundamentales y debilitar mecanismos de protección construidos durante décadas en Colombia.
La FIDH sostuvo que estas preocupaciones se enmarcan dentro de una tendencia global que, según la organización, promueve políticas que priorizan el control y la seguridad por encima de ciertas libertades y garantías ciudadanas. Por ello, hizo un llamado a la sociedad civil colombiana para analizar cuidadosamente las propuestas políticas y evitar respaldar iniciativas que, en su opinión, puedan reducir espacios democráticos bajo el argumento de combatir la criminalidad o mejorar la seguridad.
Uno de los aspectos que más inquietud genera en la organización es la intención del candidato de aplicar en Colombia un modelo de seguridad inspirado en las políticas implementadas por Nayib Bukele en El Salvador. Este modelo se caracteriza por medidas de gran dureza contra las estructuras criminales, incluyendo la construcción de grandes centros penitenciarios y procedimientos más ágiles para la captura y detención de sospechosos.
Según la FIDH, experiencias similares en otros países han generado cuestionamientos debido a denuncias de detenciones arbitrarias, limitaciones al debido proceso y afectaciones a derechos fundamentales. La organización señaló que los sectores más vulnerables de la población, especialmente jóvenes y personas de bajos recursos, suelen ser quienes enfrentan mayores riesgos cuando se implementan este tipo de políticas sin suficientes controles judiciales.
La entidad también manifestó preocupación por las propuestas relacionadas con la recuperación del control territorial mediante operaciones militares más intensivas y la posible reactivación de bombardeos aéreos contra grupos armados ilegales. Desde la perspectiva de la FIDH, estas medidas podrían generar consecuencias humanitarias importantes si no se aplican bajo estrictos estándares de protección de la población civil y de respeto al Derecho Internacional Humanitario.
Otro de los puntos destacados por la organización es la propuesta de retirar a Colombia de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La FIDH considera que una decisión de este tipo podría debilitar la posición internacional del país y limitar el acceso de millones de ciudadanos a instancias internacionales de protección cuando los mecanismos nacionales no logran garantizar plenamente sus derechos.
La organización argumentó que estos organismos cumplen una función importante en la supervisión del respeto a los derechos humanos y en la atención de casos donde las víctimas buscan justicia más allá de las instituciones nacionales. Por ello, estima que una salida de dichos espacios podría reducir las herramientas de protección disponibles para la ciudadanía.
La implementación del Acuerdo de Paz también forma parte de las preocupaciones expresadas por la FIDH. El organismo cuestionó las propuestas que contemplan eliminar, reformar o fusionar entidades creadas para ejecutar los compromisos derivados del acuerdo firmado con las antiguas guerrillas y para atender a las víctimas del conflicto armado. Según la organización, estos cambios podrían afectar los avances institucionales alcanzados en materia de reparación, verdad, justicia y garantías de no repetición.
Además de las observaciones sobre las propuestas programáticas, el comunicado hizo referencia a diversas investigaciones periodísticas publicadas en medios colombianos sobre presuntos vínculos del candidato con personas investigadas o condenadas por hechos relacionados con corrupción y paramilitarismo. También mencionó una denuncia penal relacionada con un contrato firmado en 2018 entre la firma jurídica De la Espriella Lawyers y Saludvida EPS.
Sin embargo, la FIDH aclaró expresamente que estas referencias no constituyen una afirmación de culpabilidad. La organización recordó que toda persona goza del principio de presunción de inocencia mientras no exista una condena judicial en firme. Asimismo, enfatizó que, de acuerdo con los principios de las Naciones Unidas sobre la función de los abogados, un profesional del derecho no puede ser responsabilizado automáticamente por las actuaciones o antecedentes de sus clientes.
En conclusión, la Federación Internacional por los Derechos Humanos advirtió que varias de las propuestas de Abelardo de la Espriella en materia de seguridad, política internacional, paz e institucionalidad podrían tener efectos negativos sobre los derechos humanos y las garantías democráticas en Colombia. La organización expresó preocupación por posibles restricciones a libertades fundamentales, el debilitamiento de organismos de protección y el impacto que estas medidas podrían tener sobre las víctimas del conflicto armado y otros sectores vulnerables de la población, al tiempo que reiteró la importancia de respetar la presunción de inocencia respecto de las investigaciones y denuncias mencionadas.
