Alias «La Sexting», capturada/Foto: archivo particular
Una mujer señalada de participar en presuntos hechos de extorsión bajo la modalidad conocida como sextorsión fue capturada en Bogotá en desarrollo de un operativo conjunto adelantado por el Gaula Militar Boyacá y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
La diligencia judicial se llevó a cabo en el barrio Álamos de la capital del país, donde las autoridades hicieron efectiva una orden de captura emitida por la Fiscalía 35 competente, como resultado de una investigación relacionada con denuncias presentadas por varias víctimas en el departamento de Boyacá.
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la mujer es investigada por presuntamente exigir sumas de dinero a diferentes personas mediante amenazas de divulgar fotografías y contenido íntimo. Según las indagaciones preliminares, las víctimas habrían sido contactadas a través de medios digitales y posteriormente sometidas a presiones económicas bajo la advertencia de que dicho material sería difundido públicamente si no cumplían con las exigencias realizadas.
La modalidad de sextorsión se ha convertido en una de las prácticas delictivas que más preocupa a las autoridades debido al impacto económico, emocional y reputacional que puede generar en quienes resultan afectados. Expertos en seguridad digital han advertido que este tipo de delitos suele aprovechar la vulnerabilidad de las víctimas y el alcance de las plataformas tecnológicas para ejercer presión y obtener beneficios económicos ilegales.
Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso de judicialización y definir su situación jurídica dentro de la investigación por el presunto delito de extorsión.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso relacionado con extorsión, chantaje o amenazas a través de medios digitales. Asimismo, recomendaron evitar realizar pagos ante este tipo de exigencias y acudir de manera inmediata a los organismos de investigación y seguridad para recibir orientación y activar los mecanismos de protección correspondientes. El proceso continúa en etapa judicial y será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos investigados.
