En el gobierno de Gustavo Petro, la reforma agraria ha tenido un avance significativo: en tres años y medio se han entregado y formalizado más de 1,8 millones de hectáreas de tierra, beneficiando a unas 521.000 personas, en su mayoría víctimas del conflicto armado.
Por un lado, se han entregado directamente más de 145.000 hectáreas a cerca de 263.800 víctimas. Por otro, se han formalizado más de 1,6 millones de hectáreas para unas 257.000 personas que ya ocupaban esos territorios, pero sin títulos legales. Este proceso ha sido liderado por la Agencia Nacional de Tierras, que destaca que muchos de estos predios llevaban hasta 18 años bloqueados por presencia de actores ilegales.
A nivel territorial, departamentos como Vichada, Meta y Valle del Cauca lideran en hectáreas entregadas, mientras que Cauca, Nariño y Huila encabezan en número de beneficiarios. En cuanto a formalización, regiones como Amazonas, Putumayo y Vichada concentran las mayores extensiones legalizadas.
Más allá de las cifras, el gobierno plantea esta política como una herramienta clave para la reparación de víctimas, la reducción de la desigualdad rural y la construcción de paz. La entrega de tierras no solo representa acceso a un recurso productivo, sino también la posibilidad de reconstruir la vida de miles de familias que fueron desplazadas por la violencia.
En síntesis: la reforma agraria se ha convertido en uno de los pilares del gobierno Petro, combinando restitución, formalización y enfoque social para transformar el campo colombiano y avanzar hacia la reconciliación.
