Revelan millonario reparto tras sesión en Concejo.
La polémica por el sistema de fotomultas suma un nuevo capítulo tras conocerse en detalle cómo funciona el modelo de distribución de los recursos, una revelación que ha generado inquietud y cuestionamientos entre conductores y sectores ciudadanos. Durante una reciente sesión en el Concejo Municipal, el asesor jurídico del Consorcio Tránsito amplió la información sobre el contrato y dejó en evidencia cifras que hoy están en el centro del debate público. Según lo expuesto, el acuerdo establece que el 75% de los ingresos generados por las cámaras corresponde al consorcio operador, mientras que el 25% restante es destinado al municipio. Este reparto, que abarca todo el objeto contractual, incluye no solo la instalación, sino también la operación integral del sistema, lo que implica costos técnicos, logísticos y administrativos permanentes. El vocero fue enfático en aclarar que este porcentaje no debe confundirse con el límite legal del 10% que puede recibir el operador privado como ganancia directa por la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Es decir, aunque el consorcio maneje el 75% de los ingresos, su utilidad real está limitada por ley hasta que logre recuperar la inversión inicial. Para sustentar esta diferencia, explicó que el contrato contempla una “canasta de costos” mucho más amplia que va más allá de instalar cámaras. Dentro de estos gastos se incluyen el mantenimiento constante de los dispositivos, la validación y autenticación de los equipos, la transmisión de datos mediante servicios de internet, y todo el proceso técnico y operativo que garantiza el funcionamiento del sistema. Sin embargo, uno de los puntos más críticos es la incertidumbre sobre el tiempo en que se recuperará la inversión. El propio consorcio reconoce que no existe una fecha definida, ya que esto dependerá directamente del comportamiento de las infracciones y del número de comparendos impuestos. En otras palabras, el sistema se sostiene en función de cuánto incumplan las normas los conductores. Frente a esto, el consorcio insiste en que el objetivo principal no es recaudar dinero, sino salvar vidas. Según lo explicado, las cámaras fueron autorizadas en puntos identificados como críticos por su alta accidentalidad, tras estudios realizados por la administración municipal y avalados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Además, se reiteraron las dos razones fundamentales para la implementación del sistema: primero, la decisión de la administración de solicitar la habilitación de los puntos con base en cifras reales de siniestralidad; y segundo, la obligación contractual del consorcio de instalar y operar los equipos una vez obtenida dicha autorización.
Pese a estas explicaciones, el debate sigue creciendo. Para muchos ciudadanos, el hecho de que la recuperación de la inversión dependa del número de multas genera desconfianza sobre el verdadero enfoque del sistema.
