Desde mediados de 2025, ciudadanos han venido reportando dificultades para acceder a las instalaciones de la Alcaldía municipal, especialmente para personas con discapacidad, debido a la ausencia de un timbre en la reja que conduce a la rampa diseñada para personas con movilidad reducida. Según diversos testimonios, el dispositivo fue retirado tras un presunto robo y, hasta la fecha, no ha sido reinstalado, generando serios inconvenientes para quienes requieren este ingreso.
Esta situación obliga a los usuarios a trasladarse hasta la portería principal para solicitar asistencia, lo que implica recorridos adicionales y tiempos de espera que pueden resultar complicados, sobre todo para quienes tienen limitaciones físicas o movilidad reducida. Algunos ciudadanos señalan que estos obstáculos afectan directamente su autonomía y su derecho a acceder de manera expedita a los servicios administrativos que brinda la Alcaldía, generando frustración y malestar en la comunidad.
Diversos habitantes han expresado que la falta de un timbre funcional evidencia no solo un descuido en el mantenimiento de la infraestructura, sino también una deficiencia en la atención a criterios básicos de accesibilidad, que deberían garantizarse en todos los espacios públicos. A su vez, se destaca que, pese al tiempo transcurrido desde la primera denuncia, no se han implementado medidas visibles que permitan restablecer el uso adecuado de la rampa, lo que prolonga la vulneración de los derechos de quienes más lo requieren.
Frente a este panorama, la comunidad ha solicitado de manera reiterada que la administración municipal revise el caso y adopte las medidas correspondientes para garantizar un acceso seguro y equitativo. La situación pone de manifiesto la importancia de fortalecer las políticas de inclusión y de cumplimiento de los principios de accesibilidad en las entidades públicas, asegurando que ninguna persona vea limitado su derecho a la participación y al acceso a los servicios municipales.
El caso ha generado indignación entre ciudadanos y defensores de los derechos de las personas con discapacidad, quienes consideran que garantizar la accesibilidad no debería ser una opción, sino una obligación de todas las instituciones públicas. La expectativa ahora se centra en que la Alcaldía actúe con prontitud, restaurando la funcionalidad de la rampa y ofreciendo soluciones permanentes que eviten que situaciones similares se repitan en el futuro.




