El abogado Alejandro Carranza, representante legal del presidente Gustavo Petro, envió un documento con 14 preguntas a la Misión de Observación Electoral (MOE), luego de que esta publicara un informe preliminar sobre las elecciones del 8 de marzo.
El punto central de la controversia es que la MOE reportó una diferencia del 0,2% entre el preconteo y el escrutinio, un dato que, según la defensa del presidente, ha sido utilizado de manera sesgada y con fines políticos para cuestionar al mandatario. Carranza sostiene que, por el contrario, una lectura completa del informe respalda las denuncias hechas por Petro.
Cuestionamientos al informe de la MOE
El abogado argumenta que el informe tiene limitaciones importantes, ya que:
- Es un documento preliminar, elaborado mientras el escrutinio aún no ha terminado.
- No analizó todos los formularios electorales.
- Tampoco evaluó la totalidad de las denuncias presentadas por el presidente.
Carranza también señaló que, de unas 15 imágenes incluidas en el informe, la MOE no pudo identificar entre 7 y 8, lo que abre interrogantes sobre el alcance de sus conclusiones. En ese sentido, planteó dudas sobre si la falta de identificación implica que las denuncias eran falsas o simplemente que la MOE no pudo pronunciarse sobre ellas.
Por otro lado, afirmó que en los casos donde sí hubo verificación, la propia MOE encontró que las alertas del presidente tenían fundamento.
Críticas al sistema electoral
Otro punto clave de la defensa es la crítica a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según Carranza, la entidad no ha adquirido un software fundamental para garantizar la transparencia y seguridad del sistema electoral, lo que representa un riesgo para la integridad de los votos.
El abogado enfatizó que el objetivo debe ser que ningún voto se pierda, y que si el sistema no puede garantizar esto, entonces presenta fallas estructurales.
Defensa del derecho del presidente a denunciar
Frente a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —que busca limitar las declaraciones de Petro sobre un posible fraude—, la defensa fue contundente.
Carranza calificó esta intención como inconstitucional, argumentando que el presidente, en su calidad de jefe de Estado, tiene el deber de:
- Alertar a la ciudadanía
- Señalar posibles irregularidades
- Defender la transparencia del proceso democrático
Según su postura, impedir que el mandatario se pronuncie sería equivalente a limitar sus funciones constitucionales.
Conclusión de la defensa
Finalmente, la defensa sostiene que las denuncias del presidente no solo son legítimas, sino que han contribuido a fortalecer el proceso electoral, al visibilizar posibles irregularidades. Además, advierte que si Petro se retractara, estaría incumpliendo su responsabilidad como presidente.
En síntesis, el documento enviado por la defensa busca cuestionar la interpretación del informe de la MOE, defender la legitimidad de las denuncias del presidente y reafirmar su derecho —e incluso deber— de alertar sobre posibles fallas en el sistema electoral.
