Organizaciones animalistas cuestionan procedimiento realizado en una clase.
Una denuncia difundida a través de redes sociales generó polémica en el municipio de El Espino, Boyacá, luego de que circulan videos en los que se observa la realización de una presunta castración animal durante una clase de bachillerato en la Institución Educativa Técnica Héctor Julio Rangel. Las imágenes fueron conocidas por organizaciones defensoras de animales y ciudadanos, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones en las que se habría llevado a cabo el procedimiento. Según la representante legal de la fundación Mi Mejor Amigo en Boyacá, Vivian Nieto, la denuncia que llegó a la organización señala que la práctica se habría realizado sin el protocolo adecuado y, presuntamente, sin anestesia. Nieto explicó que este tipo de procedimientos médicos y quirúrgicos, que implican intervención directa sobre animales, deberían realizarse únicamente en espacios académicos especializados, como facultades de medicina veterinaria o programas de educación superior, donde existen las condiciones técnicas y profesionales necesarias. “Este tipo de prácticas no deberían normalizarse dentro de las aulas de los colegios. No podemos presentar el dolor como un elemento educativo. Para nosotros, esto no solo podría constituir maltrato animal, sino que también plantea una discusión sobre el tipo de formación que se está impartiendo a los estudiantes”, señaló la defensora de animales. Ante la controversia, este medio consultó a la rectora de la institución educativa, Luz Yenny Mora, quien explicó que las actividades hacen parte de los procesos de formación práctica de los estudiantes, teniendo en cuenta que el colegio cuenta con una especialidad agroindustrial enfocada en actividades del sector rural.
La directiva indicó que, según los procedimientos internos del plantel, las prácticas se realizan bajo criterios de bienestar animal y con el uso de anestesia durante los procedimientos. Asimismo, aseguró que se siguen lineamientos relacionados con la normatividad vigente sobre protección animal. No obstante, Mora también reconoció que las instituciones educativas rurales enfrentan limitaciones importantes en cuanto a infraestructura y dotación de herramientas para el desarrollo de este tipo de prácticas pedagógicas.
“La institución siempre procura velar por el bienestar animal y actuar conforme a la normativa. Sin embargo, es una realidad que en muchos contextos rurales existen limitaciones de recursos y de acceso a equipos especializados, incluso para entidades que trabajan directamente con el sector agropecuario”, explicó. Tras la difusión de los videos y la denuncia pública, la rectora confirmó que el caso ya es conocido por la Secretaría de Educación y por la Gobernación de Boyacá, entidades que se encuentran revisando la situación.
Este hecho abre un debate sobre los límites de la formación práctica en instituciones educativas rurales, la pertinencia de ciertos procedimientos en ambientes escolares y las condiciones bajo las cuales se desarrollan. Organizaciones animalistas y miembros de la comunidad han solicitado que las autoridades educativas y sanitarias revisen el caso, con el fin de esclarecer lo ocurrido, verificar el cumplimiento de los protocolos y garantizar tanto el bienestar animal como la calidad de la formación que reciben los estudiantes. Mientras avanzan las verificaciones, diferentes sectores coinciden en que es fundamental que las entidades competentes acompañen de manera activa a las instituciones rurales, fortaleciendo los protocolos, la supervisión y los recursos disponibles para evitar que situaciones similares generen controversia o posibles afectaciones.
