El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el **Estado colombiano es responsable por las interceptaciones ilegales, conocidas como “chuzadas”, realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra integrantes del Polo Democrático Alternativo. La decisión se produjo tras una demanda presentada por el partido político, que denunció seguimientos y espionaje realizados en su contra.
El fallo fue emitido por la Sección Tercera del Tribunal, con ponencia del magistrado Franklin Pérez Camargo, quien revocó una decisión anterior que había negado las pretensiones del Polo. Según el tribunal, las interceptaciones y seguimientos ilegales realizados en 2009 constituyeron una operación institucional que vulneró derechos fundamentales de los afectados.
En la decisión se señaló que las acciones del DAS no solo se dirigieron contra dirigentes del Polo Democrático, sino también contra defensores de derechos humanos, periodistas, columnistas y magistrados de las altas cortes, entre ellas la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Estas actividades se realizaron sin justificación legal y violaron principios fundamentales como la legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El tribunal concluyó que se trató de una operación ilegal coordinada desde altos niveles directivos del DAS, lo que compromete la responsabilidad del Estado por las acciones de sus funcionarios. Este escándalo fue uno de los principales motivos que llevaron a la liquidación de la entidad de inteligencia en años posteriores.
Además, en la decisión judicial se reiteró la responsabilidad de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, al comprobarse su participación en la coordinación de las interceptaciones y seguimientos ilegales realizados contra miembros de la oposición política. La sentencia representa un nuevo capítulo en las decisiones judiciales relacionadas con uno de los mayores escándalos de espionaje político en la historia reciente de Colombia.
