El Gobierno nacional confirmó este martes la expedición de un segundo decreto de emergencia económica para atender la crisis derivada de las lluvias e inundaciones que han afectado a diversas regiones del país, una medida que busca movilizar recursos adicionales para las zonas más golpeadas por la ola invernal.
La decisión del presidente Gustavo Petro se produce después de que un decreto anterior fuera suspendido por la Corte Constitucional, lo que obligó al Ejecutivo a reformular la justificación y presentar una nueva declaración de emergencia que, según el Gobierno, cumple con los requisitos legales para hacer frente a las calamidades climáticas.
Qué incluye el nuevo decreto
Entre las medidas anunciadas se encuentra la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que gravará los patrimonios líquidos superiores a aproximadamente 10.400 millones de pesos, con el fin de recaudar recursos que permitan financiar la atención de las emergencias y la reconstrucción en los territorios afectados. Este impuesto se pagará en dos cuotas, con fechas establecidas para abril y mayo de 2026.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que las tarifas oscilarán entre 0,5 % y 1,6 %, con las actividades financieras (bancos) y el sector minero-energético entre los que enfrentarían las tarifas más elevadas debido al tamaño de sus patrimonios.
Justificación y debate público
El Gobierno sostiene que la emergencia climática —marcada por inundaciones y fenómenos extremos que han dejado miles de familias afectadas— justifica la activación de mecanismos extraordinarios de financiación y gestión, ya que los recursos ordinarios del Presupuesto Nacional no serían suficientes para atender la magnitud de la crisis.
Sin embargo, la medida ha generado debate y escrutinio político y judicial. La Corte Constitucional exigió al Ejecutivo pruebas detalladas sobre la magnitud de la crisis climática en ocho departamentos —incluidos Córdoba, Antioquia, Chocó y Sucre— para sustentar la declaratoria de emergencia, lo cual debe presentarse en un plazo determinado.
Impacto y próximos pasos
Además de recaudar recursos a través del impuesto al patrimonio a las empresas, el Gobierno también busca nuevos mecanismos de financiamiento, e incluso ha planteado la posibilidad de gravar las utilidades “extraordinarias” del sector financiero, según dijo el presidente Petro en sus redes sociales.
La emergencia económica permite al Ejecutivo movilizar recursos, tomar decisiones presupuestales excepcionales y adelantarse a procedimientos ordinarios del Congreso, con el objetivo de agilizar la atención de la crisis y ejecutar acciones de recuperación en los territorios más afectados.
