Soacha, Cundinamarca — A pocos pasos de la alcaldía municipal, un inmueble con una historia tan polémica como significativa para el desarrollo urbano de Soacha fue intervenido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras permanecer bajo ocupación irregular durante años, generando un conflicto entre el comercio local, la legalidad y la función social del espacio público.
El operativo, ejecutado el 12 de febrero de 2026, culminó con el desalojo de comerciantes y administradores de varios negocios que funcionaban dentro del predio, ubicado en la calle 13 con carrera 8 —una zona histórica del municipio—, para dar paso al restablecimiento del control estatal sobre la propiedad, que ahora retornará a manos de la Personería Municipal con el propósito de ofrecer servicios de atención ciudadana y fortalecimiento institucional.
De propiedad ilícita a bien público
El predio que hoy despierta atención pública fue declarado en extinción de dominio en 2024, después de establecerse que hacía parte de los activos vinculados al Cartel de Cali, propiedad histórica de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes lideraron esta estructura criminal contraria a la de Medellín en décadas pasadas.
A pesar de esta situación jurídica, la propiedad continuó bajo administración estatal mientras era arrendada originalmente por el Hotel Soacha Plaza, que a su vez la subarrendó a terceros sin autorización de la SAE. Este contrato irregular permitió durante años la operación de negocios como panaderías, barberías y otros servicios dentro del inmueble, lo que contravino las normas que regulan la explotación de bienes en extinción de dominio.
El desalojo y las voces de la comunidad
La intervención se produjo con acompañamiento de la Policía Nacional, la Alcaldía de Soacha, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, entre otras entidades, con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante el proceso.
Sin embargo, la intervención no estuvo exenta de tensiones. Varios comerciantes que operaban dentro del predio aseguraron desconocer la condición legal del inmueble y manifestaron preocupación por la pérdida de sus fuentes de ingreso, ya que muchos dependían económicamente de estos negocios para sostener a sus familias.
Un pequeño negocio de panadería y una barbería —ambos instalados desde hace años y ubicados en uno de los pasajes comerciales más transitados del centro de Soacha— fueron desalojados sin aviso previo a pesar de que los administradores afirmaron haber pagado alquileres y servicios durante mucho tiempo. Para ellos, la noticia tomó por sorpresa, ya que sus ventas, aunque modestas, eran su principal sustento.
Un giro hacia lo institucional
Tras el desalojo, la SAE confirmó que el inmueble no volverá a arrendarse a particulares; en su lugar, será entregado oficialmente a la Personería Municipal de Soacha con el objetivo de fortalecer la presencia institucional en la zona y ofrecer espacios de vigilancia de derechos, atención al ciudadano y defensa legal para los residentes del municipio.
Representantes de la SAE han explicado que el manejo de este tipo de bienes busca transformar activos asociados a economías ilícitas en herramientas al servicio de la sociedad, despojándolos de usos comerciales irregulares que, en algunos casos, han afectado la percepción de seguridad y el orden urbano.
Repercusiones urbanas y sociales
Este operativo plantea un debate más amplio sobre el uso del suelo urbano y las actividades económicas en Soacha, especialmente en zonas centrales que han crecido rápidamente y que, muchas veces, enfrentan tensiones entre la formalidad legal y la dinámica comercial cotidiana. Para los vecinos y autoridades, la intervención también representa una oportunidad para explorar estrategias que equilibren la legalidad, la seguridad y el desarrollo local, promoviendo espacios que beneficien a la comunidad sin vulnerar la ley.
Mientras algunos residentes ven con optimismo la consolidación institucional de espacios clave en la ciudad, otros expresan incertidumbre sobre cómo se reconfigurará el comercio en esta área estratégica. Para muchos, el desafío ahora es encontrar un camino que garantice justicia, oportunidades económicas y transparencia, sin dejar de lado a quienes dependen de pequeños negocios para su subsistencia diaria.
