En 2024, la mortalidad infantil en Argentina registró un aumento significativo, rompiendo la tendencia descendente que, con algunas excepciones, se había mantenido durante los últimos años. Según datos oficiales citados por El Diario de España, la tasa alcanzó 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, lo que implica un incremento del 6,25 % en comparación con 2023, cuando el indicador era de 8 por cada 1.000.
Este dato corresponde al primer año de gobierno de Javier Milei y generó preocupación entre especialistas en salud pública, quienes advierten que el contexto de fuertes recortes presupuestarios y cambios en la política sanitaria nacional podría estar influyendo en el deterioro del indicador. La mortalidad infantil es considerada uno de los principales termómetros del desarrollo social, junto con la alfabetización y la esperanza de vida, ya que refleja de manera directa el acceso a servicios de salud, la calidad de vida y las condiciones socioeconómicas de la población.
De acuerdo con un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, el Gobierno publicó inicialmente la cifra en sus estadísticas oficiales, luego la retiró y finalmente volvió a dejarla disponible en la página del Ministerio de Salud, situación que también generó cuestionamientos sobre la transparencia en la comunicación de los datos.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó que 2024 fue un año particularmente complejo para el sistema sanitario debido a un fuerte recorte del financiamiento nacional y a un cambio drástico en las políticas públicas de salud. Señaló además que, mientras en los países más desarrollados la mortalidad infantil se ubica cerca o incluso por debajo de 2 muertes cada 1.000 nacidos vivos, en Argentina el indicador se elevó hasta 8,5, marcando una brecha preocupante.
Kreplak también denunció recortes en la provisión de insumos y medicamentos esenciales, como el surfactante pulmonar, fundamental para tratar patologías respiratorias en recién nacidos, y tratamientos para enfermedades congénitas como la toxoplasmosis. Ante la reducción del apoyo nacional, varias provincias debieron asumir por su cuenta la compra y distribución de estos insumos críticos.
El artículo señala además que el Gobierno debilitó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, creado en 2008, y desmanteló el Plan ENIA, reconocido a nivel regional por su eficacia en la reducción del embarazo adolescente. Asimismo, se denunció un intento de desfinanciar el Hospital Garrahan, el principal hospital pediátrico del país.
Por su parte, el pediatra e investigador Fernando Zingman sostuvo que los resultados en salud pública no responden a una única causa, pero advirtió que el aumento simultáneo de la mortalidad infantil y materna constituye una señal de alarma sobre el funcionamiento general del sistema sanitario.
Finalmente, el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria subraya que el actual contexto de crisis económica y social, marcado por el deterioro de las condiciones laborales y el aumento del desempleo, dificulta el acceso al sistema de salud, afectando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Si bien los especialistas coinciden en que no puede establecerse una relación directa y exclusiva entre los recortes presupuestarios y el aumento de la mortalidad infantil, advierten que existen suficientes indicios como para exigir una investigación profunda sobre el impacto de las políticas públicas en la salud materno-infantil.
