📌 ¿Qué se ha denunciado?
🔎 Denuncias públicas señalan que:
- Su hermano, Salim Kadamani, habría firmado varios contratos con entidades del Estado (incluyendo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores), que suman alrededor de 383 millones de pesos colombianos.
- Su mamá, Alexandra Fonrodona Montoya, también habría celebrado seis contratos con el Gobierno nacional por cerca de 600 millones de pesos, incluidos tres firmados en enero de 2026, poco antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, con entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud.
🔎 Las críticas han venido de sectores políticos, entre ellos la congresista Jennifer Pedraza y el candidato Germán Ricaurte, que señalan posibles conflictos de interés o falta de transparencia.
🗣️ ¿Qué ha dicho la ministra?
La ministra Kadamani ha negado cualquier irregularidad o conflicto de interés, con estos puntos principales:
- No ha intervenido ni influido en ningún proceso de contratación relacionado con su mamá o su hermano.
- Según ella, la normativa colombiana no prohíbe que los familiares de un ministro contraten con el Estado, siempre que no sea con la entidad sobre la cual el funcionario ejerce autoridad directa, lo que, afirma, no es el caso aquí.
- Ha señalado que sus familiares tienen derecho al trabajo y al ejercicio profesional como cualquier ciudadano, y que no existe incompatibilidad ni inhabilidad legal en esos contratos.
- Además, indicó que la relación de parentesco fue declarada públicamente en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), como lo exige la ley.
📚 ¿Qué dice la ley?
Según expertos en derecho público consultados por medios colombianos:
- No hay una prohibición automática para que familiares de ministros contraten con entidades del Estado.
- La prohibición legal se aplica únicamente cuando el funcionario tiene poder de decisión, control o intervención directa en el proceso contractual con esa entidad.
🧾 Debate y contexto
- El caso ha reavivado el debate sobre ética pública, transparencia y nepotismo en la contratación estatal.
- Partidarios de la denuncia señalan que no solo son muchos contratos, sino que algunos fueron firmados antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que genera más cuestionamientos sobre el uso de figuras como la contratación directa.
