La revista Semana reveló que Fiscalía investiga contratos por más de $20 mil millones autorizados desde Rtvc, por presuntas irregularidades en contratación. Los acuerdos habrían beneficiado a un fotógrafo y a un maquillador ligados, al parecer, al entorno de la primera dama, Verónica Alcocer.
La investigación se centra en al menos 12 contratos firmados desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia. La mayoría se suscribieron entre 2022 y 2025, según la publicación.
Contratos millonarios firmados desde 2022
Según Semana, los contratos se firmaron un mes después de la posesión presidencial. El primer contrato fue por $1.200 millones y el segundo por $1.900 millones.
Ninguno superaba los cuatro meses de duración. Ambos tenían como beneficiario al fotógrafo Mauricio Vélez, de amplia trayectoria en el sector.
En 2023, se firmó un contrato por más de $5.500 millones. En ese documento se incluyó también como contratista al maquillador Fady Javier Flórez.
Ese mismo año, ambos firmaron otro contrato por casi $1.800 millones. Para 2024, la cifra subió con un contrato por $8.000 millones.
En el último semestre de 2025 se habría firmado uno adicional por casi $4.000 millones. La suma total superaría los $20.000 millones, según los datos publicados.
El modelo de contratación bajo revisión
El caso no solo se centra en los montos. La Fiscalía también revisa el modelo contractual utilizado para ejecutar los recursos.
Según la información conocida, primero se firmó un contrato interadministrativo entre el Dapre y Rtvc. Luego, el sistema de medios públicos subcontrató con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video, conocida como Savi.
Posteriormente, esa cooperativa habría tercerizado los servicios a través de Vélez y Flórez. Este esquema es parte central de las preguntas que hoy analiza el ente investigador.
Denuncia por presunta estafa y uso de investidura
La denuncia fue presentada por Juan Carlos Portilla, profesor y experto en crimen financiero. Portilla aseguró que el análisis preliminar tipifica el delito de estafa.
El denunciante afirmó que la investigación también contempla delitos conexos y responsabilidades administrativas. Además, señaló la posible utilización del nombre y la investidura de Verónica Alcocer para beneficiar a terceros.
Hasta ahora no se ha informado de imputaciones formales. Sin embargo, el proceso avanzaría en Fiscalía, según lo revelado por Semana.
Antecedentes por presunto despilfarro
Los cuestionamientos a Verónica Alcocer por el uso de recursos públicos no son nuevos. En enero de 2024, La Silla Vacía reportó que Alcocer habría tenido un séquito que costaba al Estado más de mil millones.
Esa cifra, según la nueva investigación, estaría muy por debajo del paquete de contratos que hoy revisa la Fiscalía.
Mientras tanto, el caso abre un nuevo frente de presión política para el Gobierno. También pone en el centro el manejo de contratación en entidades públicas.
