El presidente Gustavo Petro respondió con dureza a las críticas provenientes de sectores políticos de Córdoba, luego de que una dirigente del departamento lo calificara de “miserable” en medio de la emergencia causada por las lluvias, inundaciones y crecientes súbitas que afectan a la región por el paso de un frente frío.
Inicialmente, Petro había usado ese mismo calificativo para referirse a congresistas cordobeses que votaron a favor de hundir la Ley de Financiamiento y el decreto de Emergencia Económica, decisiones que, según el mandatario, dejaron al Gobierno sin recursos suficientes para atender la crisis humanitaria en el departamento. Estas declaraciones generaron molestia en algunos representantes de la región, que respondieron públicamente al presidente.
Entre ellos, la representante a la Cámara Saray Bechara cuestionó la gestión del Gobierno nacional y aseguró que lo verdaderamente “miserable” ha sido, en su opinión, la falta de ejecución y de resultados concretos en las regiones afectadas.
Frente a estas críticas, el presidente Petro defendió su postura y aprovechó para recordar episodios históricos de violencia en Córdoba, señalando que durante años se ha privilegiado el poder político y económico por encima de la vida, el agua y los derechos de las comunidades indígenas del río Sinú. En ese contexto, evocó nuevamente el caso del líder indígena Kimy Pernía, cuya oposición a la represa de Urrá y posterior asesinato vuelven a cobrar relevancia ante la actual crisis por inundaciones.
A través de sus redes sociales, Petro respondió directamente a Bechara, calificándola de “politiquera” y cuestionando su escala de valores. En su mensaje, el presidente afirmó que resulta más “miserable” la violencia ejercida contra líderes indígenas, el descuartizamiento y asesinato de Kimy Pernía, la corrupción asociada a escándalos como el carrusel de la contratación en Bogotá, y la convivencia política con responsables de masacres de campesinos en Córdoba, que el hecho de recordar esos episodios históricos.
El texto también contextualiza la figura de Kimy Pernía, líder indígena embera katío que desde finales de los años noventa se opuso a la construcción de la represa de Urrá. Pernía advirtió que la alteración del curso del río Sinú, la inundación de territorios ancestrales y la ausencia de una consulta previa real generarían daños irreversibles para las comunidades indígenas. Sus advertencias fueron ignoradas bajo el argumento del progreso y el desarrollo energético.
Kimy Pernía fue desaparecido el 2 de junio de 2001 tras ser retenido por grupos paramilitares en Tierralta, y posteriormente se confirmó que fue asesinado por su oposición a la represa y su defensa del territorio. Su muerte se convirtió en un símbolo de la violencia contra líderes sociales y del costo humano de ciertos modelos de desarrollo. En medio de la actual emergencia climática, su historia vuelve a ser recordada como un antecedente clave para el debate sobre la pertinencia de la represa de Urrá.
Finalmente, el texto señala que la política a la que se refiere el presidente es Saray Elena Robayo Bechara, esposa de Emilio Tapia, excontratista involucrado en graves escándalos de corrupción como el carrusel de la contratación de Bogotá y el caso de Centros Poblados. Tapia ha cumplido condenas por corrupción contractual, obtuvo libertad condicional en abril de 2025 y regresó a prisión en octubre del mismo año tras la revocatoria del beneficio. La relación de Robayo con Tapia ha sido motivo de debate público, especialmente por sus aspiraciones políticas al Senado.
