La escasez de medicamentos en Boyacá se ha convertido en una problemática de alto impacto social que estaría dejando a miles de pacientes, en especial a quienes padecen enfermedades crónicas, sin acceso oportuno a sus tratamientos. La situación fue denunciada por William Ruiz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento, quien calificó el panorama como crítico.
De acuerdo con Ruiz, el desabastecimiento persiste a pesar de que el Gobierno Nacional ha informado que los recursos ya fueron transferidos a las EPS, lo que genera serios cuestionamientos sobre el manejo financiero y operativo de las entidades responsables de garantizar la entrega de medicamentos.
Ante la falta de respuestas claras, la CUT solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de que se adelanten inspecciones a las EPS y se determine por qué los recursos no se están reflejando en una atención efectiva para los pacientes.
El dirigente sindical advirtió que la crisis no es un hecho aislado, sino una expresión de los problemas estructurales del modelo de salud vigente, señalando que la situación refuerza la necesidad de una reforma integral que garantice el derecho fundamental a la salud.
Según lo informado, las zonas más afectadas son la provincia de Sugamuxi y el centro del departamento, donde la falta de medicamentos ha deteriorado de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos y ha puesto en riesgo la continuidad de tratamientos permanentes.
Tutelas sin efecto real
La crisis se ve agravada por el incumplimiento sistemático de fallos de tutela e incidentes de desacato, emitidos por jueces para proteger el derecho a la salud. Esta situación ha generado un fuerte desgaste institucional en las personerías municipales, que hoy cuestionan la efectividad de las vías jurídicas.
El personero de Ramiriquí, Julián Ruiz, aseguró que la mayoría de las acciones judiciales interpuestas están relacionadas con la falta de citas médicas y la no entrega de medicamentos, sin que las decisiones judiciales logren una solución real para los pacientes.
En el mismo sentido, Germán González, personero de Turmequé, señaló que las tutelas han perdido efectividad frente a entidades que, pese a los fallos en su contra, no cumplen las órdenes judiciales. Según explicó, los desacatos no derivan en sanciones claras ni en responsables directos, lo que permite que la problemática se prolongue sin consecuencias reales.
