Por: Javier Recalde
El ajuste del salario mínimo para 2026 en Colombia ha sido vendido como un triunfo social, pero su verdadero impacto revela una realidad más compleja y preocupante. Lejos de fortalecer el bienestar de la mayoría, esta medida ha terminado por exacerbar tensiones estructurales que afectan tanto a empleadores como a trabajadores, especialmente en un contexto donde la informalidad laboral sigue siendo la norma para buena parte de la población.
Lo más paradójico es que los únicos actores con verdadera capacidad de influencia en la fijación del salario mínimo los sindicatos representativos y sus afiliados lograron un incremento que, si bien les beneficia directamente, deja atrás a millones de colombianos que no tienen voz en esas mesas de negociación. Estos últimos, atrapados en la economía informal o en empleos precarios, no ven reflejado en sus ingresos ni siquiera el simbolismo de ese aumento. Para ellos, el salario mínimo sigue siendo una cifra abstracta, inalcanzable en la práctica.
El efecto inmediato se siente en la productividad y en la dinámica misma del empleo. Frente al encarecimiento del costo laboral formal, muchas empresas sobre todo pequeñas y medianas han optado por reaccionar no con innovación o mejora de procesos, sino con ajustes defensivos: recortes de personal, reducción de horarios, externalización de servicios o incluso cierres parciales. Sectores como la vigilancia privada, el aseo urbano, la hotelería y el comercio minorista ya reportan contracciones en sus nóminas, no por falta de demanda, sino por la imposibilidad de sostener costos fijos que no van acompañados de un crecimiento proporcional en la productividad.
Esta situación no solo erosiona el tejido productivo, sino que también desincentiva la formalización y toda la carga tributaria asociada y cumplimiento de normas en materia laboral. ¿Por qué un microempresario habría de registrar a sus empleados si hacerlo implica asumir cargas que amenazan su propia supervivencia? Así, lejos de promover condiciones laborales dignas, el actual esquema salarial termina alimentando la informalidad, perpetuando la exclusión y debilitando la base tributaria del Estado.
Más grave aún es el mensaje implícito: que la política pública puede seguir diseñándose desde la lógica del privilegio sectorial, ignorando las realidades de la mayoría trabajadora. Un salario mínimo que no considera la capacidad productiva del país, ni la heterogeneidad regional, ni la precariedad laboral dominante, termina siendo una herramienta de fragmentación social más que de justicia económica.
La verdadera apuesta debería estar en elevar la productividad mediante educación, infraestructura, acceso al crédito y apoyo a la innovación, no en imponer costos laborales que el aparato productivo no puede absorber. Hasta que no se entienda que el empleo digno nace de la competitividad y no de decretos aislados, seguiremos condenados con una sensación agridulce a celebrar victorias formales que, en la vida real, se traducen en más desempleo, más pobreza y menos esperanza. Al tiempo que esto sucede, con el fin de la vacancia judicial; la Corte Constitucional estudiará la viabilidad y legalidad del decreto de emergencia económica. Esperemos que acontece en los próximos días.
Por: Javier Recalde Martínez.
