La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia formal a los prestadores de servicios de alojamiento turístico en Medellín, incluidas las viviendas turísticas y plataformas digitales como Airbnb, ante los reportes de cancelaciones unilaterales de reservas ya confirmadas. Según la entidad, estas prácticas estarían ocurriendo en la antesala del concierto de Bad Bunny, con el objetivo de volver a ofertar los alojamientos a precios más altos, aprovechando el aumento de la demanda.
La SIC explicó que tuvo conocimiento de estas conductas a partir de denuncias ciudadanas difundidas en medios de comunicación y redes sociales, y recordó que los prestadores están legalmente obligados a respetar los términos y condiciones pactados con los consumidores. En su calidad de Autoridad Nacional de inspección, vigilancia y control del sector turístico, la Superintendencia señaló que cancelar reservas de manera unilateral puede constituir una infracción al régimen de protección al consumidor y a la normativa turística vigente.
La entidad advirtió que este tipo de incumplimientos puede acarrear sanciones económicas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV), dependiendo de la gravedad, reiteración y alcance de la conducta. El objetivo, según la SIC, es prevenir prácticas abusivas que afecten a los turistas y deterioren la confianza en el sector.
Asimismo, la Superintendencia recordó lo establecido en la Ley 300 de 1996 (Ley General de Turismo), particularmente en su artículo 63, que obliga a los prestadores a responder cuando incumplen total o parcialmente una reserva o servicio turístico contratado. En estos casos, el consumidor tiene el derecho de elegir entre recibir un servicio equivalente en calidad y condiciones, o solicitar la devolución del dinero pagado o una compensación, según corresponda.
En relación con los mecanismos de control, la SIC invitó a los ciudadanos afectados a presentar denuncias formales a través del formulario de PQRSF disponible en la sede electrónica de la entidad, aportando la mayor cantidad posible de pruebas y detalles sobre los hechos. Al mismo tiempo, anunció que iniciará investigaciones de oficio basadas en los reportes que circulan en redes sociales, especialmente en contextos de alta demanda turística y gran visibilidad mediática, como los generados por eventos masivos.
Finalmente, la Superintendencia reiteró que la libertad económica y la iniciativa privada no son absolutas, y deben ejercerse en armonía con la función social de la empresa y la protección del interés general, conforme a la Constitución. La entidad subrayó que su actuación busca preservar la confianza de los consumidores en el sector turístico colombiano, un componente clave de la economía, particularmente en escenarios donde el incremento de la demanda puede incentivar conductas abusivas en perjuicio de los usuarios.
