El presidente Gustavo Petro reaccionó al balance presentado por la Defensoría del Pueblo sobre la situación en el Catatumbo, cuando se cumple un año de la escalada violenta en esta subregión del nororiente del país. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario denunció lo que calificó como un “delito de lesa humanidad”, al referirse a la muerte sistemática de campesinos asociada a la disputa por el control de campos de hoja de coca. Para Petro, la violencia en el Catatumbo refleja una lucha marcada por la codicia y el poder, en contravía de los discursos de paz, vida y justicia social que, según él, deberían orientar el rumbo del país y de la humanidad.
El pronunciamiento presidencial se dio luego de que la Defensoría divulgara dos informes que evidencian que, pese al paso del tiempo, la guerra persiste y la población civil sigue siendo la principal víctima. En Tibú, la entidad presentó los documentos “Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz” y “Más allá de la emergencia: recomendaciones para la recuperación temprana y la estabilización del Catatumbo”, este último elaborado junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ambos informes se basan en trabajo de campo, testimonios directos de comunidades afectadas y propuestas de política pública para enfrentar la crisis.
La Defensoría advirtió que, un año después del desplazamiento masivo provocado por la intensificación del conflicto armado, las afectaciones a la población civil no solo continúan, sino que se han profundizado. El deterioro está ligado al control territorial ejercido por actores armados ilegales, la presión constante sobre comunidades campesinas e indígenas, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y la persistencia de violencias basadas en género. Según la defensora Iris Marín Ortiz, los relatos recogidos en el territorio no describen únicamente sufrimiento, sino hechos que pueden constituir crímenes internacionales, al tratarse de ataques sistemáticos contra la población.
En el balance también se revisó la respuesta institucional del Estado. Tras la declaratoria del estado de conmoción interior, el Gobierno anunció medidas para reforzar la presencia de la fuerza pública, proteger a poblaciones vulnerables, recuperar control territorial y avanzar en desarrollo rural, sustitución de cultivos e implementación del Pacto Catatumbo. Sin embargo, la Defensoría señaló que muchos de esos compromisos no se materializaron, según lo expresado por líderes y habitantes de la región, y que el abandono estatal histórico sigue siendo una constante.
Además, el alcance de esa respuesta extraordinaria se vio limitado por decisiones de la Corte Constitucional, que avaló solo de manera parcial la conmoción interior para atender la emergencia humanitaria y excluyó los componentes dirigidos a problemas estructurales. Posteriormente, varios decretos fueron declarados inexequibles o parcialmente exequibles, y el propio Gobierno levantó el estado de conmoción mediante el Decreto 467 de 2025, aunque prorrogó por 90 días algunas disposiciones.
La Defensoría identificó un punto crítico a comienzos de 2025, cuando la crisis humanitaria se desbordó por la confrontación armada entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN. De acuerdo con cifras de la Unidad para las Víctimas, entre enero y diciembre de 2025 más de 105.000 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y despojo de tierras. La entidad subrayó que esta situación fracturó los vínculos comunitarios, enfrentando a personas que antes convivían como vecinos, familiares o amigos.
En cuanto a la niñez, el informe alertó sobre la persistencia del reclutamiento forzado y la vinculación mediante engaños. Entre enero y noviembre de 2025, el ICBF reportó la desvinculación de 49 menores en distintos municipios del Catatumbo, en un contexto donde los grupos armados recurren a regalos, promesas y presiones para interrumpir proyectos de vida.
El conflicto, además, ha mutado en sus métodos. La Defensoría advirtió sobre el uso creciente de drones, minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, que han convertido amplias zonas rurales en campos minados, restringiendo la movilidad y el trabajo campesino. El pueblo indígena Barí ha sido uno de los más afectados, al ver limitadas sus prácticas culturales y su desplazamiento por el riesgo permanente de explosiones y el impacto psicológico del miedo. A nivel nacional, se registran más de 12.600 víctimas por minas antipersonal desde 1990, y en Norte de Santander la cifra asciende a 978.
El secuestro sigue siendo otra herida abierta. Aunque en 2025 se facilitó la liberación de 121 personas, 59 continuaban privadas de la libertad al cierre del año, manteniendo a sus familias en angustia e incertidumbre. Frente a este panorama, la defensora Marín hizo un llamado directo al ELN y al Frente 33 para que abran un espacio humanitario, respeten a la población civil y el derecho internacional humanitario, y entiendan que esta guerra no tiene ganadores y solo profundiza el sufrimiento de la gente.
Finalmente, la Defensoría reiteró su llamado al Estado para implementar medidas integrales y sostenidas que protejan a la población civil, prevengan el reclutamiento de menores y atiendan de fondo las causas del conflicto, mediante presencia estatal efectiva, inversión social, infraestructura y garantías reales de derechos. También advirtió que la persistencia de la violencia pone en riesgo los procesos electorales de 2025 y 2026, afectando la participación política y las garantías democráticas en la región. En ese contexto, las comunidades esperan que los anuncios oficiales se traduzcan, de una vez por todas, en hechos concretos y presencia real del Estado en el Catatumbo.
