El presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevó formalmente una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, líder de una de las principales facciones de las disidencias de las extintas FARC, por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y delitos graves que afectan a sectores vulnerables del país.
La acción judicial internacional fue presentada este viernes a través de su abogado, quien explicó que el escrito no se limita a hechos aislados de violencia, sino que describe un “patrón prolongado” de crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos a la estructura criminal bajo el mando de Mordisco. Según la denuncia, estas conductas incluyen el reclutamiento forzoso de menores, el desplazamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes, el secuestro, y ataques constantes contra poblaciones civiles.
La decisión de llevar el caso ante la CPI se produce tras la difusión de un video en el que Mordisco busca consolidar alianzas con otros grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Popular, lo que, según el Gobierno colombiano, evidencia la capacidad de articulación criminal transnacional de estas organizaciones.
El abogado del mandatario afirmó que en Colombia ya se han agotado las vías judiciales nacionales, razón por la cual el Estado ha decidido acudir a la justicia internacional. La denuncia presenta como víctimas a niños y niñas reclutados por la fuerza, líderes sociales, campesinos, defensores de la paz y poblaciones étnicas que han sufrido el impacto de la violencia ejercida por las disidencias.
Aunque la denuncia ahora está en manos de la Corte Penal Internacional, expertos señalan que la intervención de este organismo solo procede si se demuestra que el Estado no ha sido capaz de investigar o procesar a los responsables de estos crímenes en su propio sistema judicial. Este paso representa un nuevo capítulo en la estrategia del Gobierno para buscar justicia ante las graves violaciones que, según la denuncia, han persistido en el conflicto armado colombiano.
