1. Operación militar: bombardeos y “ataque a gran escala”
La madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron una operación militar que incluyó bombardeos en varios puntos estratégicos de Venezuela —especialmente en Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua— con el objetivo de neutralizar defensas y arrestar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La acción fue descrita por fuentes oficiales estadounidenses como un “ataque a gran escala” que duró pocas horas y que incluyó el despliegue de aeronaves, helicópteros y fuerzas especiales.
2. Captura y traslado de Maduro y Flores
El gobierno estadounidense confirmó que Maduro y su esposa fueron capturados y extraídos del país, posteriormente trasladados a Nueva York para enfrentar cargos criminales en tribunales federales. Las acusaciones incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y otras actividades delictivas, según documentos del Departamento de Justicia de EE. UU.
3. Reacción internacional: tensiones y condenas
La intervención desató una ola de reacciones globales:
- Brasil calificó el ataque como un cruce de “línea inaceptable” y pidió una respuesta de la ONU.
- China condenó enérgicamente la acción, resaltando violaciones al derecho internacional.
- Cuba, Rusia, Irán y otros países aliados de Venezuela denunciaron la operación como agresión.
A su vez, algunas naciones de América Latina —como Argentina bajo Javier Milei— respaldaron la captura y la presión contra el régimen de Maduro.
4. ¿Legal o no legal? El debate jurídico
Expertos en derecho internacional han señalado que, aunque EE. UU. alega que la captura forma parte de acciones de aplicación de la ley contra el narcotráfico y el terrorismo, el uso de fuerza militar directa en el territorio de un Estado soberano sin autorización de la ONU o invocación clara de legítima defensa puede constituir una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional moderno.
5. Consecuencias dentro de Venezuela
Tras el ataque y la captura, el gobierno venezolano declaró estado de emergencia y describió la operación como “una masacre”, negando legitimidad a la intervención estadounidense y denunciando numerosas víctimas civiles. Adicionalmente, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma temporalmente la presidencia, situación que añade incertidumbre sobre la continuidad institucional.
