El concejal Julián Uzcátegui reiteró en las últimas horas sus fuertes críticas al proceso de la Paz Total del presidente de la República, Gustavo Petro, señalando que se hasta el momento se han gastado 88. 840 millones de pesos en mesas de dialogo y procesos de negociación que no llegaron a ninguna parte.
En lo que corresponde al departamento de Nariño, Uzcátegui, señaló que, a Comuneros del Sur, que es una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Eln, el Gobierno Nacional les entregó $8.172 millones, incluyendo $898 millones en honorarios y $669 millones en transporte aéreo.
Comuneros del Sur fue creado en Nariño en 1992, como parte del Frente de Guerra Suroccidental del Eln y se expandió desde Samaniego a otros municipios del departamento. En el año de 2024 se separó del Eln y entró en diálogos con el gobierno de Gustavo Petro, lo que llevó en diciembre de 2024 a un cese bilateral al fuego, en el marco de la llamada Paz Territorial. Aunque en ese sentido se podrían reconocer algunos avances, lo cierto es que el proceso parece haberse estancando.
Un fuerte señalamiento
El concejal de Bogotá, Julián Uscátegui denunció el millonario costo que ha tenido par los colombianos, la política de “Paz Total” del actual Gobierno.
“Ha sido una estrategia, que, lejos de traer tranquilidad y seguridad, terminó convirtiéndose en un mecanismo de beneficios, financiación e incentivos para grupos criminales y terroristas.
Cuantiosos gastos
Según información del Fondo de Programas Especiales para la Paz, denunciada por el concejal Julián Uscátegui, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 el Gobierno Nacional ejecutó más de $88.840 millones de pesos en mesas de diálogo y procesos de negociación con estructuras armadas ilegales.
Sin ningún resultado
El desglose por mesa revela la magnitud del gasto. En los diálogos con el ELN, organización terrorista que no cesó en sus acciones de secuestro, asesinato de civiles y ataques a la infraestructura del país, se invirtieron más de $32.960 millones. De esa suma, $6.889 millones fueron a honorarios, $7.521 millones a transporte aéreo y $4.748 millones a medidas de protección para los propios negociadores. Una mesa que terminó suspendida sin ningún resultado concreto para los colombianos.
En los diálogos con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, grupos responsables de narcotráfico, reclutamiento forzado y ataques terroristas, se gastaron más de $34.601 millones: $6.123 millones en honorarios, $7.498 millones en transporte aéreo y $6.033 millones en medidas de protección, además de $6.280 millones destinados a participación de la sociedad civil.
La Segunda Marquetalia
A la Segunda Marquetalia, cuyos integrantes son vinculados por la Fiscalía con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, se le destinaron más de $13.106 millones, incluyendo $1.665 millones en honorarios y $3.884 millones en transporte aéreo. Los Comuneros del Sur, por su parte, recibieron más de $8.172 millones, con $898 millones en honorarios y $669 millones en transporte aéreo.
“Política de impunidad”
“La denominada ‘Paz Total’ no es una política de paz, sino una política de impunidad financiada con los recursos de todos los colombianos. Mientras el Gobierno entrega beneficios a manos llenas a los criminales, estos continúan asesinando, secuestrando y extorsionando colombiano sin consecuencia alguna. Es completamente inaceptable”, afirmó el concejal Julián Uscátegui.
La denominada «Paz Total» ha representado un fracaso rotundo. A pesar de que el Fondo Paz ha ejecutado recursos cercanos a los $90.000 millones, los ataques terroristas y las voladuras de oleoductos continúan en aumento, evidenciando la ausencia total de resultados en materia de seguridad y orden público.
“Situación infame”
“Es infame que el Gobierno Petro destine los impuestos que los colombianos pagan con tanto esfuerzo, a financiar viajes y esquemas de protección para los criminales responsables de la violencia y el terror que hoy padece todo el país”, enfatizó Julián Uscátegui.
El concejal advirtió que estos procesos no solo han representado un enorme costo económico para el país, sino que envían un grave mensaje institucional: en Colombia el crimen recibe incentivos, beneficios y recursos, mientras la legalidad pierde respaldo.
