La Procuraduría General de la Nación (PGN) decidió suspender provisionalmente al brigadier general Juan Miguel Huertas (del Ejército) y a Wilmar Mejía, director estratégico de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La suspensión tiene duración inicial de hasta tres meses.
El motivo: se les investiga por presuntos vínculos con disidencias del grupo armado FARC — concretamente con las facciones del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), lideradas por alias Calarcá Córdoba — e incluso la posible filtración de información reservada sobre operaciones militares, movimientos de tropas y códigos de frecuencia radiales.
También se investiga si ellos colaboraron en la creación de una empresa de seguridad que habría funcionado como fachada para que miembros de las disidencias legalizaran armas y conservaran ventajas en un eventual fracaso del diálogo de paz.
Qué implicaciones tiene
La suspensión busca impedir que, por su cargo, interfieran con la recolección de pruebas o continúen con las conductas investigadas.
Se abrió una investigación disciplinaria (y también penal, por parte de la Fiscalía) para determinar si sus actos configuran una falta grave.
Si las acusaciones se confirman, sería un escándalo de gran magnitud: evidencia de posible infiltración de grupos armados ilegales en instituciones de seguridad del Estado. Esa situación podría debilitar la confianza ciudadana en dichas instituciones e incluso afectar negociaciones de paz, estructura operativa del Ejército, inteligencia nacional y procesos de seguridad.
Estado actual & declaraciones
- Ambos funcionarios niegan las acusaciones.
- El gobierno aseguró que revisará la evidencia: se ordenaron exámenes forenses sobre los chats y documentos que los vinculan.
- Mientras avanzan las investigaciones, la suspensión es una medida cautelar — no significa que ya sean declarados culpables.