Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
El empleo y los trabajadores forjan la base económica y productiva de un país, incluso podría decirse que son un elemento esencial para el sostenimiento y desarrollo de cualquier sociedad.
Pero, además, el empleo y todo lo que éste conlleva actúa como elemento de integración social, por cuanto permite mejorar los niveles de bienestar personal, social, y sobre todo familiar de un trabajador.
Sobre el particular es de tener en cuenta que las relaciones laborales se transforman rápidamente, de manera más exigente, trayendo consigo cambios en la demanda de capital humano.
Es así como hoy en día se requieren trabajadores con habilidades específicas que ayuden a fortalecer la empresa moderna en búsqueda de una mayor productividad y competitividad.
En ese entendido, también se aprecia que en la actualidad y hacia el futuro para los empleados los beneficios económicos ya no son suficientes para calificar un trabajo como deseado, sino que le dan una gran importancia a la flexibilidad en la jornada y a los incentivos que los impulsen a obtener mejores resultados.
Por lo tanto, vemos que “se está imponiendo una fuerza de trabajo que plantea desafíos institucionales y regulatorios como la forma de contratación, la cobertura de seguridad laboral y la protección social”.
Y para comenzar hacerles frente a esos retos, en Colombia el presidente de la República, Gustavo Petro, acaba de sancionar la Ley 2466 de 2025 (Reforma laboral), la cual introduce cambios significativos en la regulación de la jornada, los recargos nocturnos y dominicales, la contratación y los derechos de los trabajadores, mientras mantiene la jornada de 8 horas diarias y 42 semanales, y estableciendo el contrato a término indefinido como la principal forma de vinculación laboral.
Además, la reforma presenta cambios en otros aspectos como un tope a la duración de los contratos de prestación de servicios y nuevas reglas para la contratación para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). También propende por la formalización de los repartidores por aplicaciones.
Si bien la norma se enmarca dentro de un movimiento global que busca cambiar las dinámicas de trabajo para potenciar la productividad y a la vez brindar una mejor calidad de vida, lo cierto es que podría conllevar, según algunos analistas, a un aumento en el costo laboral.
Los analistas estiman que el aumento de los costos laborales como resultado de la reforma oscila entre el 6,8% y el 35%. Los gremios empresariales han advertido que el alza en este rubro dificultará la contratación formal.
Esto en razón a que “cada empresa en sí tendría que verse abocada aumentar la nómina de trabajadores o aumentar el pago de horas extras; otras disminuirán el número de empleos para poder contener sus costos y, finalmente, muchas acudirán a la contratación sin el cumplimiento de los estándares legales”.
De allí que, el rechazo que tiene la ley por varias organizaciones porque se considera que generaría más obstáculos para formalizar el trabajo y, por ende, se estaría en un riesgo alto de incrementar el desempleo, cual de por sí es preocupante en el país.
De todas, maneras, esperemos que esta nueva ley laboral llegue a beneficiar a los trabajadores y no se convierta en letra muerta, como lo ha manifestado el jefe de Estado.
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