Por: Alina Constanza Silva
Diversos factores ayudan a entender este problema y a responder la pregunta. Inicialmente, la corrupción tiene raíces históricas, estructurales y culturales complejas, es decir, no es atribuible a una sola causa.
El legado colonial estuvo en la orientación de la administración pública a servir los intereses de las coronas europeas, no al bienestar de la población local. Esto genero una cultura de privilegios, clientelismo y uso personal del poder que debilito la base institucional. La estructura jerárquica y centralizada en el periodo colonial permitió que virreyes, gobernadores y otros funcionarios enviados por España con amplios poderes, pero con una escasa supervisión fomentaran la toma de decisiones arbitrarias y el uso del cargo público para enriquecerse. Un ejemplo de ello fue la compra de los cargos en la metrópoli que se conocía como la “venta de oficios” la administración para los notables y los oficios para los criollos. La compra de los puestos hacia que los funcionarios no estuvieran interesados en conocer cuánto era el salario que iban a devengar, sino su principal interés era conocer que podían contratar en dicho cargo, porque su interés era recuperar su inversión y lucrarse durante su tiempo limitado en el cargo.
En el periodo colonial deliberadamente se popularizo el patrimonialismo, así como la confusión entre lo privados y lo público. Es decir, en el sistema colonial no existía una división entre lo que era el Estado y lo que era del funcionario, por lo tanto, se desarrolló una lógica donde el cargo público era visto como una extensión del patrimonio del funcionario. Esto creo una “cultura” en la que usar los recursos públicos para fines personales era socialmente aceptado y legalmente ambiguo. Desde la recaudación de tributos se comenzó con el fraude a través de desviar recursos, así como manipulando las cifras de lo que declaraba ingresos o patrimonio. El pueblo nunca tuvo acceso a la administración pública y tampoco pudieron solicitar rendición de cuentas porque las instituciones locales eran controladas por una elite criolla que también buscaba preservar sus privilegios. Por lo tanto, se puede afirmar que la exclusión social e institucional sembró una “cultura” basada en el privilegio y no en el servicio público. Este factor colonial implanto la obediencia formal, pero incumplimiento practico; “se acata la ley, pero no se cumple” originando un desprecio por el Estado de derecho que ha perdurado hasta nuestros días. Los invasores españoles instauraron un modelo de gobierno que hace uso privado del poder público.
Otro factor que ha llevado a la corrupción al máximo nivel ha sido el clientelismo y el patrimonialismo. Es decir, la política ha funcionado como un sistema de favores personales, donde los recursos del Estado se utilizan para mantener redes de apoyo político, en vez de responder al interés público que a su vez origina el nepotismo, la compra de votos y la corrupción burocrática. La profunda desigualdad social y económica ha incentivado la búsqueda de beneficios personales por medios ilícitos, tanto por la elite que controla el poder como por el ciudadano que no tiene oportunidad para ascender socialmente. Otro factor, es la dependencia de la economía extractiva proveniente de los recursos naturales (petróleo, minería, etc.) ha sido mal gestionada en el país, facilitando la corrupción en licitaciones, contratos y concesiones, debido al gran volumen de dinero. Un caso emblemático de corrupción ocurrió en el periodo del señor Julio Cesar Turbay Ayala donde se estructuro una operación publica con elementos de corrupción estructural, entreguismo y falta de transparencia, especialmente en el sector de los recursos naturales, según se relata en el libro THE COAL OF EL CERREJON del autor Charles W. Kline. Este caso siempre se ha considerado grave porque el cerrejón es uno de los yacimientos de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, ubicado en la Guajira. A finales de los años 70, el gobierno del señor Ayala adjudico su explotación a un joint venture (empresa mixta: Intercor, subsidiaria de Exxon y el Estado colombiano). Según el autor antes citado los estudios indicaban que no se debía adjudicar debido a que no era viable financieramente para el país porque la mayor parte de las ganancias quedarían en manos de la multinacional y el país quedaría con los riesgos y costos en infraestructura (vías, puerto, ferrocarril financiado con deuda pública) y las utilidades para el país iban a ser mínimas. Además, se comprometió al Estado colombiano con cláusulas de estabilidad jurídica y fiscal de largo plazo, sin revisiones periódicas.
La falta de transparencia en la adjudicación fue el indicativo de que esta operación de más de cinco mil millones de dólares de 1978 se planteara a nivel internacional como una de las operaciones más corruptas en la historia de la administración pública. No se hizo una licitación abierta, ni competencia entre oferentes, lo que indicaba que hubo acuerdos ilegales entre el gobierno de ese entonces y la multinacional. Kline y otros analistas afirman que el señor Turbay presiono directamente para que se firmara el contrato, ignorando las advertencias técnicas porque existía sectores económicos y sociales nacionales e internacionales que se iban a lucrar con los recursos del país entregando el patrimonio nacional bajo la apariencia de inversión que hasta ahora no ha contribuido ni siquiera para hacer los servicios públicos de la Guajira. Este caso de corrupción estructural es un ejemplo de cómo se beneficia intereses privados internacionales y evidencia un entreguismo a las multinacionales a cambio acuerdos bajo la mesa de coimas.
Otro caso de corrupción de alto vuelo fue el que tuvo ocurrencia en el gobierno del señor Cesar Gaviria denominado las barcazas termoeléctricas durante el apagón. En ese momento el señor Mauricio Cárdenas estaba vinculado al sector público y aunque no fue judicialmente condenado por corrupción (sus inmediatos colaboradores en cambio sí fueron condenados) su nombre apareció como vinculado indirectamente en decisiones “polémicas”. El gobierno de ese momento decidió importar barcazas, termoeléctricas desde USA para generar electricidad desde el mar caribe, sin embargo, fueron ineficientes, costosas y llegaron tarde. Las barcazas costaron más de USD100 millones y muchas no funcionaron adecuadamente, contratadas con intermediarios extranjeros en condiciones poco transparentes, no hubo licitación pública, lo que genero sospecha de corrupción y tráfico de influencias. El señor Cárdenas fue mencionado insistentemente por la cercanía que tuvo en el sector energético. El caso de las barcazas del apagón una decisión dudosa, polémica y fallida del estado colombiano, con indicios de corrupción y mala gestión.
Otro factor ha sido la influencia de actores criminales y redes internacionales o crimen organizado, estos delincuentes cooptan las autoridades locales y nacionales, extendiendo la corrupción a niveles profundos del Estado. La Yidis política, que consistió en la compra de votos en el congreso para aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial en el 2006. La parapolítica, vínculos de congresistas y funcionarios del gobierno con grupos paramilitares (más de 60 congresistas), decenas de condenas judiciales porque se evidencio una alianza entre políticos y paramilitares para manipular elecciones y obtener poder territorial. Chuzadas del DAS que consistió en espionaje ilegal a periodistas, magistrados de la corte suprema, políticos de oposición y defensores de derechos humanos por parte del DAS, adscrito directamente a la presidencia. Agro ingreso seguro, programa supuestamente para beneficiar a pequeños agricultores que se desvió para grandes terratenientes, familias adineradas y hasta miembros de la elite política. Carimagua que consistía en entregar tierras baldías destinada a desplazados que se desvió a empresas privadas cercanos al gobierno.
Otros gobiernos también tuvieron graves casos de corrupción, así, por ejemplo, el señor Ernesto Samper vinculado al caso del denominado “proceso 8000” que consistió en recibir del narcotráfico dinero para financiar la campaña. El señor Juan Manuel Santos estuvo vinculado con el escándalo de Odebrecht que consistió en los sobornos en la construcción de una carretera identificada como ruta del sol II, también, el caso de la contratación de Reficar en Cartagena. El señor Duque con el cuestionamiento a nombramientos como en MinTic de la señora Karen Abudinen que desapareció 70 mil millones de pesos. Por su parte, el señor Andrés Pastrana también tuvo vínculos con los casos de corrupción en licitaciones públicas y por la entrega de notarías a aliados políticos. El señor Cesar Gaviria, no se escapó de la corrupción, especialmente con los contratos con Telecom, irregularidades en el proceso de paz con el EPL
Finalmente, la corrupción ha llegado al máximo nivel por diversos factores entre ellos el periodo de la colonia que trajeron prácticas corruptas que hasta ahora están vigentes. La corrupción ha estado en cabeza de los jefes de estado, ahora agravado con la condena de sujetos que actuaban como presidente del senado y de la cámara de representantes. Tampoco se ha escapado la justicia, donde se evidencio el denominado cartel de la toga que consistió en la venta de fallos por altas sumas de dinero. Y desafortunadamente, tampoco se escapa los medios de comunicación que han sido factores para formar opinión o para brindar información transparente, sino que han sido beneficiados de los grupos económicos y políticos en el país. Por último, el sector financiero y comercial, que aparecen como adalides de la moralidad son los principales actores que llevan la corrupción a los funcionarios del sector publico ofreciendo coimas para que le sean adjudicados contratos o para el nombramiento de familiares y amigos.