La Procuraduría General de la Nación, liderada por Margarita Cabello, ha sancionado a Germán Ponce Córdoba, exgerente del Instituto de Servicios Varios de Ipiales (ISERVI E.S.P.), por contratar de manera directa los servicios de tratamiento de basuras con la empresa Vitalogic RSU, sin llevar a cabo una licitación pública, incumpliendo así los requisitos legales.
El contrato, valorado en $2.995.200.000, fue firmado con Vitalogic RSU para el montaje, implementación y operación de una nueva tecnología destinada al máximo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios en Ipiales, aplicando una economía circular. Sin embargo, este convenio se realizó sin la convocatoria de una licitación pública, violando las normas de contratación estatal.
La Procuraduría, después de una exhaustiva investigación y recopilación de pruebas, encontró que el exfuncionario también pasó por alto la consulta con la junta directiva de ISERVI E.S.P., actuando de manera unilateral y violando los estatutos internos de la entidad.
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pasto determinó que Germán Ponce Córdoba, quien estuvo al frente de ISERVI E.S.P. entre el 29 de julio y el 31 de diciembre de 2019, incurrió en una falta grave culposa. Por estas acciones, el ente de control lo suspendió en el ejercicio del cargo por 12 meses, convertidos en una suma de $57.972.000.
Repercusiones
Este caso resalta la importancia de cumplir con las normas de contratación pública y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. La Procuraduría General de la Nación continúa su labor de vigilancia y control, asegurando que los funcionarios públicos actúen conforme a la ley y en beneficio de la comunidad.
La sanción impuesta a Germán Ponce Córdoba sirve como recordatorio de las consecuencias que conlleva el incumplimiento de los procedimientos legales y la falta de transparencia en la gestión pública.
Para más información sobre este caso y otros asuntos relacionados con la gestión pública en Ipiales, los interesados pueden consultar los comunicados oficiales de la Procuraduría General de la Nación.