El Estado y el ELN dieron a conocer el Acuerdo de Participación de la Sociedad en la construcción de la paz, en el cual se destaca la necesidad de un Gran Acuerdo Nacional, con participación de distintos sectores nacionales, regionales y locales, argumentando, como es indispensable, que la paz requiere del concurso de todos.
Proponen cambios necesarios en el régimen político, para que tengan cabida todas las opciones y opiniones, para desarrollar la democracia, para garantizar la justicia, la dignidad y el bienestar como fundamentales para la paz.
Asimismo, se habla de un modelo económico que supere las desigualdades, así como de impulsar nuevos modelos sostenibles y propios de producción en los que el Estado cumpla su responsabilidad social.
También proponen una política ambiental que discuta las formas de relación con la naturaleza, los territorios y las poblaciones y dialogar sobre la relación entre los seres humanos y los restantes seres vivos.
Además, una educación y cultura, como un proyecto de sociedad que se nutra y fortalezca desde las diversidades sociales, concebidos como procesos fundamentales para formar una sociedad activa, deliberativa, crítica y propositiva.
Se trata de un proceso de participación que vincule al conjunto de la sociedad; que incorpore enfoques diferenciales y que reconoce a la sociedad como sujeto histórico y político de las transformaciones y que busca enaltecer y hacer efectivo su derecho a participar y a construir condiciones de vida digna.
Asimismo, convoca a asumir el compromiso de todos en la construcción de un país democrático y en paz, que garantice un camino efectivo para eliminar la violencia de la política y a cerrar el largo ciclo de guerra, a través de un Movimiento Nacional por la Paz y las Transformaciones, mediante la participación de la sociedad en su conjunto, participación que se propone debe ser activa, propositiva, incluyente, deliberativa, eficaz, con autonomía y vinculante.
Hasta aquí se habla de un compromiso de las partes, pero luego se agrega que los acuerdos adoptados por la Mesa en relación con las transformaciones son de obligatorio cumplimiento, es decir, vinculantes para el Estado y la guerrilla y que deberán convertirse en políticas de Estado, en programas y proyectos que se articulen con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo vigentes y futuros.
Y los principios de eficacia y autonomía, también generan dudas, pues se dice que la participación debe lograr consolidar un Plan Integral de Transformaciones que contribuya a un Gran Acuerdo Nacional y sobre la autonomía se establece que “las partes respetan las iniciativas y dinámicas de las organizaciones, pueblos y sectores en el proceso de participación, propendiendo por su fortalecimiento en el marco de la construcción de la paz, las transformaciones y un Gran Acuerdo Nacional”.
Qué bien, por generaciones, a gritos lo necesita el país. Todo esto y mucho más es indispensable siempre que se respete la Constitución, modificándola por los cauces institucionales y no como un camino hacia una constituyente inconstitucional.
Lo afirmo como asiduo promotor de una Asamblea Constituyente, desde cuando se expidió la Constitución, por ser la única manera de realizar los cambios de fondo que también a gritos requiere Colombia, a los cuales me he referido en otras ocasiones.