La Procuraduría estableció presuntas irregularidades de estos funcionarios en el manejo del motín e incendio que dejó 56 muertos en 2022.
Por el grave caso del incendio ocurrido en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca en junio de 2022, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exdirector (e) del centro penitenciario, Arley Fernández Torres y otros tres guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por presuntas irregularidades en el manejo de los disturbios que desencadenaron en la tragedia que dejó 56 presos muertos.
“Luego de una exhaustiva investigación que incluyó recolección de pruebas en el lugar de los hechos, pruebas documentales y testimonios de PPL y guardianes, el Ministerio Público pudo establecer que el director del penal y los guardianes encargados de la seguridad de ese sector de la cárcel, no habrían tomado las medidas necesarias para evitar que los reclusos tuvieran en su poder armas contundentes, cortopunzantes, encendedores y otros elementos prohibidos que ayudaron a que la situación se saliera de control”, explicó el ente de control.
Según las investigaciones, el enfrentamiento entre los internos se dio por una disputa de poder por el control de las drogas al interior de la cárcel, razón por la que se cree que faltaron controles más rigurosos del Inpec.
También menciona la misiva que, “los componentes altamente inflamables de los gases lacrimógenos utilizados para dispersar el motín”, habrían ayudado a que el fuego iniciado por los presos se expandiera rápidamente por todo el pabellón.