Alcaldesa encargada/ María Paula Jiménez Gómez/ foto: archivo particular
La administración municipal de Tunja enfrenta una creciente controversia por el manejo presupuestal correspondiente al cierre fiscal de 2025 y la ejecución financiera de la vigencia 2026.
La situación quedó en evidencia luego de que la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, solicitara explicaciones formales a la secretaria de Hacienda, Denisse Julieth Jiménez Ramos, tras detectar presuntas inconsistencias relacionadas con el reintegro de recursos públicos y la ausencia de modificaciones presupuestales ante el Concejo Municipal.
De acuerdo con el requerimiento oficial conocido por la administración, la Secretaría de Hacienda no habría dado cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 0557 de 2025, norma que obligaba a las diferentes dependencias y organismos ejecutores a reintegrar al Tesoro Municipal los saldos no comprometidos antes del 15 de febrero de 2026. Sin embargo, varios meses después del vencimiento del plazo, la Alcaldía asegura que no existen certificaciones públicas, informes técnicos ni soportes documentales que permitan confirmar que dichos recursos fueron efectivamente devueltos.
El documento advierte que esta situación podría generar riesgos sobre la legalidad del cierre fiscal y afectar principios fundamentales de la administración pública, entre ellos la unidad de caja, la planeación financiera y la transparencia presupuestal. Además, se señala que mantener recursos inmovilizados impediría una adecuada redistribución del dinero público y limitaría la capacidad operativa de la administración municipal para ejecutar proyectos y atender obligaciones financieras prioritarias.
La controversia toma mayor relevancia debido a que las reservas presupuestales y cuentas por pagar superarían los 42 mil millones de pesos, cifra que ha despertado preocupación dentro de distintos sectores políticos y administrativos de la ciudad. A esto se suma la falta de radicación ante el Concejo Municipal de varios proyectos de modificación presupuestal autorizados mediante decreto, los cuales serían indispensables para ajustar las finanzas correspondientes a la vigencia 2026.
La Alcaldía sostiene que la ausencia de soportes técnicos y jurídicos ha retrasado decisiones administrativas clave y podría derivar en eventuales investigaciones disciplinarias, fiscales e incluso penales contra los funcionarios que resulten responsables de las presuntas irregularidades detectadas.
