La Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) aseguró este jueves que la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el acto administrativo que autorizó conversaciones políticas con la denominada Segunda Marquetalia no tiene efectos sobre la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) creada en el municipio de Valle del Guamuez (Putumayo).
Mediante un comunicado público, la delegación aclaró que desde noviembre de 2024 no mantiene contactos, comunicaciones ni negociaciones con la Segunda Marquetalia, situación que, según indicó, quedó formalizada mediante la Resolución 202 del 9 de julio de 2025. La Delegación explicó que este acto administrativo “no ha sido objeto de ninguna decisión judicial y por tanto goza de presunción de legalidad».
Asimismo, manifestó que el auto del Consejo de Estado suspendió de manera provisional una resolución expedida en febrero de 2024 que autorizaba conversaciones con ese grupo armado, decisión que no afecta el proceso de paz que actualmente se desarrolla con la Coordinadora Nacional.
“La Zona de Ubicación Temporal creada en Putumayo no se afecta por la decisión del Consejo de Estado», enfatizó la Delegación, al precisar que este espacio fue autorizado mediante la Resolución 053 de 2026, expedida el 25 de febrero de este año, y recalcó que ese acto administrativo “se encuentra vigente».
El comunicado destaca, además, que la ZUT, establecida en Valle del Guamuez, alberga actualmente a 99 integrantes de la Coordinadora Nacional, quienes ingresaron al lugar “en tránsito a la ciudadanía plena», luego de realizar la dejación de armas, las cuales permanecen bajo custodia de las autoridades competentes.
“La ZUT creada por decisión de nuestra mesa de diálogos no está cobijada por la decisión del Consejo de Estado y como espacio humanitario debe ser protegida por las autoridades públicas», reiteró la Delegación.
En el mismo contexto, el Gobierno resaltó que la Mesa de Diálogos con la Coordinadora Nacional ha logrado avances para reducir la violencia en los territorios, promover la superación de las economías ilícitas, fortalecer la convivencia en las comunidades y subrayó la dejación de armas del grupo armado antes de ingresar a la ZUT. Frente a la decisión judicial, la Delegación informó que ejercerá los mecanismos legales previstos: “La Constitución y la ley habilitan la impugnación de las decisiones judiciales y en este asunto así se procederá», agregó.
También reiteró el compromiso del Estado con el proceso de paz y llamó a respaldar la reincorporación de quienes han decidido abandonar las armas.
“Noventa y nueve personas que estuvieron vinculadas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano han confiado en el Estado y sus instituciones y deben ser acogidos por la sociedad», señala el comunicado.
La Delegación cerró el pronunciamiento recordando que “la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, una política de Estado y un valor constitucional para orientar todas las autoridades del Estado que se debe regir por los principios de progresividad y no regresividad».
El comunicado aparece suscrito por el jefe negociador, Armando Novoa García, y los delegados Parmenio Cuéllar y Gloria Arias Nieto.
