Por: Alina Constanza Silva
Otra vez, la vía Panamericana que conecta a Pasto con Popayán y Cali es noticia nacional, pero no por avances ni soluciones, sino por bloqueos, aplazamientos y, sobre todo, promesas rotas. Hoy el tramo entre Popayán y Cali es el nuevo punto de tensión, con comunidades indígenas que exigen el cumplimiento de compromisos históricos, pero también hacen sentir su voz en temas estructurales como la consulta previa y la reforma laboral. Mientras tanto, el sur del país particularmente Nariño y el Cauca sigue desconectado, empobrecido y cada vez más excluido del radar del desarrollo nacional.
A eso se suma el indignante anuncio del cuarto aplazamiento en la publicación de pliegos de la variante Timbío El Estanquillo, el proyecto que supuestamente sería la solución definitiva a la vulnerabilidad vial de este corredor. En enero de 2023, el propio presidente Gustavo Petro, en plena visita al municipio de Rosas, Cauca, se comprometió públicamente con esta vía, prometiéndola como “la obra de infraestructura más grande del sur del país”. Fue una declaración histórica. Pero hoy, más de un año después, esa promesa se evapora en comunicados sin recursos, anuncios sin fechas, y un Ministerio de Transporte que reconoce que la obra apenas está siendo evaluada dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Peor aún: la inversión anunciada inicialmente por el Gobierno, de 6.6 billones de pesos, ha sido reducida a 2.2 billones, y la adjudicación de la consultoría para la interventoría no está orientada al desarrollo de una nueva variante, sino limitada al mantenimiento y rehabilitación del trazado actual. En otras palabras, seguimos parchando una carretera que no da más, mientras el sur económico y productivo de Colombia sigue aislado por una infraestructura tercermundista.
¿Y quién paga las consecuencias?
La economía regional. Agricultores, comerciantes, empresarios, transportadores, exportadores… todos. El bloqueo permanente, sea físico por derrumbes, por bloqueos sociales o por negligenciao simbólico por la falta de ejecución del Estado, condena a Nariño, Cauca y Putumayo a una asfixia económica crónica. Los costos de transporte se duplican, la competitividad se desploma, y muchas empresas simplemente no logran sostenerse.
Mientras en Bogotá se discuten reformas estructurales, el sur sufre la reforma de los hechos: una desconexión funcional que reduce las oportunidades, que frena el turismo, que encarece la canasta básica, y que golpea con más fuerza a los más pobres.
El caso de la Panamericana es un síntoma más de la gran enfermedad de la infraestructura nacional: la centralización del desarrollo. Las prioridades parecen estar siempre en el centro del país, mientras las regiones periféricas deben rogar o bloquear para que las escuchen. Ya no basta con buenos estudios ni con anuncios ambiciosos. La región necesita ejecución real, presupuestos garantizados, cronogramas públicos, y un compromiso político que no se diluya cada vez que se acaba una rueda de prensa.
El sur de Colombia no puede seguir dependiendo de la buena voluntad de los gobiernos de turno. La conectividad vial no es un lujo ni una promesa: es un derecho y una necesidad urgente. La vía Pasto-Popayán-Cali es la columna vertebral de la región, y mientras no se garantice su estabilidad y modernización, hablar de desarrollo en el sur será un discurso vacío. Ya no hay margen para más aplazamientos. Ni para más excusas. Ni para más olvido.