Luego de las celebraciones de fin de año en todo el país y la alegría desbordante del Carnaval de Negros y Blancos en Nariño, Colombia vuelve poco a poco a la rutina. Se apagan los ecos de la música, regresan las agendas llenas y el calendario nacional marca un nuevo comienzo: se reanudan con fuerza las actividades políticas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. Este retorno no es menor ni puede asumirse con indiferencia. Por el contrario, se trata de un momento decisivo que exige atención, reflexión y, sobre todo, participación activa de la ciudadanía.
Las fiestas cumplen una función social invaluable: nos permiten reencontrarnos, reafirmar identidades culturales y renovar energías. Sin embargo, la pausa festiva también termina, y con ella llega la responsabilidad de asumir los desafíos colectivos. Colombia atraviesa circunstancias difíciles: una economía presionada por la inflación y el desempleo, persistentes problemas de inseguridad, profundas desigualdades sociales y una marcada desconfianza en las instituciones. En este contexto, la política no puede verse como un asunto ajeno o exclusivo de los dirigentes; es un terreno que concierne a todos.
Las próximas elecciones legislativas y presidenciales no son un simple trámite democrático. De sus resultados dependerá el rumbo del país en los próximos años: las políticas públicas que se adopten, el manejo de los recursos del Estado, la respuesta a los conflictos sociales y la capacidad de fortalecer la democracia. Elegir quiénes nos representarán en el Congreso y quién ocupará la Casa de Nariño es decidir, en buena medida, qué modelo de país queremos construir.
Por ello, es fundamental hacer un llamado claro y contundente a la participación ciudadana. La abstención, históricamente alta en Colombia, debilita la democracia y deja las decisiones en manos de unos pocos. Cuando la mayoría se margina de las urnas, se pierde la oportunidad de incidir en el poder de manera pacífica y legítima. Votar no resuelve por sí solo todos los problemas, pero no hacerlo garantiza que nada cambie o que otros decidan por nosotros.
Participar no se limita al día de las elecciones. Implica informarse, escuchar propuestas, contrastar discursos con hechos y exigir transparencia a los candidatos. Significa también rechazar la desinformación, el clientelismo y la compra de votos, prácticas que erosionan la confianza pública y perpetúan viejos vicios políticos. Una ciudadanía crítica y vigilante es el mejor antídoto contra la corrupción y el autoritarismo.
En regiones como Nariño, donde la riqueza cultural convive con graves dificultades sociales y económicas, la participación cobra un valor aún mayor. El entusiasmo del carnaval debe transformarse ahora en compromiso cívico. Así como la comunidad se une para celebrar su identidad, debe unirse para defender su derecho a decidir y a ser escuchada en el escenario nacional.
Colombia necesita que este nuevo ciclo político se construya sobre la base del diálogo, el respeto y la inclusión. Las diferencias ideológicas son naturales en una democracia, pero no pueden convertirse en excusas para la violencia o la polarización extrema. El debate político debe centrarse en propuestas, soluciones y visiones de futuro, no en ataques personales ni en el miedo.
Después de la fiesta, llega la hora de las decisiones. El país enfrenta retos complejos que no admiten apatía ni resignación. Las elecciones que se avecinan son una oportunidad para renovar liderazgos, corregir errores y abrir caminos de esperanza. Participar es un derecho, pero también un deber con el presente y el futuro de Colombia. Que el espíritu de unidad y alegría que dejaron las fiestas se traduzca ahora en un compromiso firme con la democracia y con el país que queremos construir.
