Lago de Tota-Boyacá/ Foto: archivo particular
La denuncia por presunto “volteo de tierras” en la cuenca del lago de Tota volvió a poner bajo la lupa la gestión del suelo y la protección ambiental en uno de los ecosistemas más sensibles de Boyacá. El caso fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación por el diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre, quien advierte posibles irregularidades administrativas, contractuales y ambientales en predios ubicados en el municipio de Cuítiva, vereda El Boquerón, sector conocido como El Túnel.
De acuerdo con la denuncia, los hechos se relacionan con 19,6 hectáreas de reserva forestal ubicadas en la ribera del Lago de Tota, que habrían sido vendidas en 2023 por Acerías PazdelRío a una persona que en ese momento se desempeñaba como asistente de la dirección de la autoridad ambiental regional. Posteriormente, según el documento presentado, estos predios habrían sido objeto de cambios en su uso del suelo tras modificaciones en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio.
El denunciante sostiene que los terrenos contaban con restricciones ambientales previas, al estar incluidos en instrumentos de planificación como el Plan General de Ordenamiento Forestal y en inventarios de protección de la cuenca. Además, señala que la zona estaría cobijada por normativas de utilidad pública relacionadas con infraestructura de captación de agua, lo que refuerza su carácter estratégico para el abastecimiento regional.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la presunta reclasificación del suelo a categoría suburbana mediante decisiones administrativas locales, lo que habría permitido nuevas posibilidades de urbanización en un área considerada de alto valor ecológico. Esta actuación ha sido cuestionada por sectores ciudadanos y ambientales que alertan sobre posibles impactos en la conservación del ecosistema y en la regulación hídrica del lago.
La denuncia incluye posibles delitos como concierto para delinquir, prevaricato por acción, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias, urbanización ilegal y afectaciones ambientales. Todos estos señalamientos deberán ser evaluados por la Fiscalía General de la Nación, que determinará si existen méritos para abrir investigación formal.
Por ahora, las autoridades locales no han emitido pronunciamientos de fondo sobre los hechos, mientras el caso se convierte en un nuevo foco de debate sobre la protección ambiental, el ordenamiento territorial y la transparencia en las decisiones administrativas que afectan áreas estratégicas del departamento.
