Por: Alina Constanza Silva
El sector de la construcción en Colombia atraviesa una tormenta perfecta: caída en las ventas, reducción drástica de subsidios y una política de vivienda que parece más perdida que nunca. Guillermo Herrera Castaño, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), ha sido enfático en su diagnóstico: la vivienda popular en el país está empantanada, sin dirección y con un gobierno que sigue sin encontrar el camino para reactivarla.
Las cifras hablan por sí solas. En 2024, apenas se vendieron 144 mil viviendas, una caída drástica comparada con los años previos, cuando el sector alcanzaba más de 200 mil unidades anuales. El impacto no es menor: menos proyectos significan menos empleo. Desde albañiles hasta ingenieros y proveedores de insumos, la cadena de valor de la construcción se ha visto afectada, aumentando el desempleo y la incertidumbre.
La situación es aún más grave cuando se observa la drástica reducción en subsidios de Vivienda de Interés Social (VIS). Durante el gobierno de Iván Duque, se mantenía un promedio de 70 mil subsidios anuales, cifra que permitía dinamizar el sector y garantizar vivienda a familias de bajos ingresos. Con el gobierno actual, esa cifra cayó a 50 mil en 2024 y se proyecta que en 2025 no supere las 20 mil. Un golpe duro no solo para la industria, sino para miles de colombianos que ven cada vez más lejano el sueño de tener casa propia.
El caso de Nariño es un reflejo de la crisis nacional. De los 800 subsidios asignados recientemente al departamento, apenas 5 llegaron a beneficiarios reales. Un desorden administrativo que evidencia la falta de equidad en la distribución de ayudas y el impacto de una política que parece improvisada. Además, proyectos de vivienda en Pasto e Ipiales han quedado en el limbo, afectando a cientos de familias que habían puesto sus esperanzas en ellos.
Las consecuencias a mediano plazo no son menores. Con menos construcción formal, se incentiva la expansión de viviendas informales, aumentando los asentamientos precarios y el crecimiento desordenado de las ciudades. Además, el encarecimiento de la vivienda podría generar un mercado cada vez más excluyente, donde solo las clases altas tengan acceso a propiedad, aumentando la brecha social.
Si el Gobierno no toma medidas urgentes para reactivar el sector, el 2025 será otro año de caída libre para la construcción. No se necesitan más excusas ni promesas, sino acciones concretas que devuelvan al país un sector que históricamente ha sido motor de desarrollo. Porque sin una política de vivienda clara, Colombia seguirá construyendo, pero sobre terreno inestable.