Campesinas rurales enfrentan hostigamiento al reclamar herencias familiares.
Redacción Extra
En el municipio de Úmbita, Boyacá, una serie de hechos documentados refleja lo que parece ser un entramado de violencia, desprotección institucional y acoso judicial dirigido principalmente hacia mujeres rurales. Lo que comenzó como denuncias por ataques brutales y hostigamiento sistemático contra mujeres terminó derivando en un proceso judicial paralelo que involucra la disputa de tierras, vulnerando incluso a la adulta mayor Concepción Huertas Bohórquez (Q.E.P.D.), de 94 años, a quien se ha buscado invisibilizar como víctima original de los hechos. Según registros y denuncias presentadas, la Fiscalía 27 de Garagoa inició procesos contra cuatro mujeres bajo supuestas lesiones personales agravadas, cuando de acuerdo con versiones de las víctimas, los ataques constituían una tentativa de feminicidio. Paralelamente, un proceso reivindicatorio —acción civil para recuperar la posesión de un bien— evidenció cómo el entramado judicial ha sido utilizado presuntamente para deslegitimar las denuncias de violencia y distraer la atención del riesgo real al que estaban expuestas las mujeres afectadas. Las víctimas denuncian una instrumentalización de la fuerza pública y la omisión administrativa. Se documentó, por ejemplo, la destrucción de cultivos de maíz y medios de producción, así como afectaciones a áreas de bosque nativo protegido, actos que apuntan a un patrón sistemático de coerción económica y ambiental. Uno de los hallazgos más alarmantes es la fractura o posible ocultamiento de las medidas de protección emitidas por la Fiscalía 17 de Garagoa el 17 de enero de 2020 a favor de Concepción Huertas, María del Carmen Torres y su núcleo familiar. Ni la Inspección de Policía ni la Comisaría de Familia de Úmbita registran estas medidas, lo que permitió que los agresores actuaran con total impunidad durante los años 2020 y 2021. Tras el fallecimiento de Concepción Huertas en 2025, el acoso se trasladó hacia sus sobrinas, quienes continúan enfrentando actos de intimidación mientras buscan mantener la propiedad y la memoria de su tía. La Personería Municipal de Úmbita, lejos de garantizar derechos humanos, ha adoptado una postura de rigidez procesal que impide investigar de oficio la negligencia de las instituciones locales, consolidando un silencio administrativo frente a la violencia.
El caso se encuentra ahora en manos del Juzgado Promiscuo Municipal de Úmbita, que tiene programada una audiencia concentrada el 9 de abril de 2026, en la que se definirá la validez de las acusaciones. Las víctimas, sin embargo, insisten en que la fiscalía ha tipificado erróneamente los delitos, ocultando la verdadera gravedad de los ataques. Este caso expone no solo la vulnerabilidad de las mujeres rurales frente a la violencia y el despojo, sino también la fragilidad de la institucionalidad en municipios como Úmbita, donde la combinación de negligencia, omisión y presunta corrupción permite que la impunidad continúe operando, poniendo en riesgo la vida, la propiedad y la justicia para quienes más dependen de ella.
