La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, rechazó de manera contundente la reciente ola de violencia registrada en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en medio de una escalada de ataques atribuidos a grupos armados ilegales. A través de un pronunciamiento público, la alta funcionaria expresó su preocupación por los hechos que han alterado gravemente el orden público, incluyendo hostigamientos a estaciones de Policía y atentados con explosivos en zonas urbanas y rurales del suroccidente del país.
Márquez señaló que estos actos violentos, que según las autoridades serían responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras armadas ilegales, merecen el rechazo absoluto de la sociedad colombiana. La vicepresidenta hizo un llamado directo al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, para que se refuercen las medidas de seguridad en las regiones afectadas y se actúe con contundencia para restablecer la tranquilidad de las comunidades.
Los ataques han generado un ambiente de temor e incertidumbre en municipios como Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao, en el Cauca, así como en la ciudad de Cali. En esta última, durante la madrugada del martes, dos subintendentes de la Policía perdieron la vida tras la detonación de un artefacto explosivo mientras realizaban labores de patrullaje, un hecho que conmocionó a la ciudadanía y a las autoridades locales.
En el municipio de Buenos Aires, el alcalde reportó un hostigamiento prolongado contra la estación de Policía, que dejó daños considerables en la infraestructura y un uniformado herido. Situaciones similares se han presentado en otros municipios del norte del Cauca, donde las acciones armadas han afectado la vida cotidiana de la población y la capacidad institucional para garantizar la seguridad.
Este nuevo episodio de violencia se suma a una serie de atentados con explosivos y acciones armadas ocurridas en jornadas recientes en Cali y otras localidades del suroccidente colombiano. Las autoridades han advertido que estos hechos estarían relacionados tanto con disidencias guerrilleras como con bandas criminales que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico, lo que agrava el panorama de seguridad en la región.
Frente a esta situación, la vicepresidenta enfatizó que el Gobierno nacional no puede permitir que los grupos armados ilegales impongan el terror en los territorios. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer la inteligencia estatal, mejorar la articulación entre las fuerzas de seguridad y anticipar este tipo de ataques para capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Finalmente, la violencia registrada ha generado reacciones de distintas autoridades locales y nacionales, que han insistido en la importancia de coordinar acciones conjuntas para proteger a la población civil y a los miembros de la fuerza pública desplegados en las zonas más afectadas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el suroccidente del país.