Las vías terciarias representan uno de los mayores retos históricos de la infraestructura en Colombia y, al mismo tiempo, una de las claves menos atendidas para el desarrollo rural. Estas carreteras, que conectan veredas y corregimientos con cabeceras municipales y centros de comercialización, son fundamentales para la movilidad de las comunidades campesinas. Sin embargo, su precario estado las ha convertido en el eslabón más débil de la conectividad rural, afectando de manera directa la economía, el acceso a servicios y la calidad de vida de millones de habitantes.
En amplias zonas del país, las vías terciarias son caminos de tierra o carreteras sin pavimentar que se deterioran rápidamente con las lluvias. La falta de mantenimiento permanente provoca huecos, pérdida de banca y tramos intransitables, especialmente durante las temporadas invernales. Para los campesinos, esto se traduce en dificultades para sacar sus productos, mayores costos de transporte y pérdidas económicas cuando los alimentos no logran llegar a tiempo a los mercados.
El impacto va más allá del sector productivo. El mal estado de estas vías limita el acceso a servicios esenciales como salud y educación. En muchos territorios rurales, una emergencia médica puede convertirse en una situación crítica debido a la imposibilidad de transitar por carreteras deterioradas. De igual forma, niños y jóvenes deben recorrer largas distancias en condiciones adversas para llegar a sus escuelas, lo que incide en la deserción escolar y en la desigualdad entre el campo y la ciudad.
Uno de los principales problemas que enfrentan las vías terciarias es la insuficiencia de recursos. Los municipios, que suelen ser los responsables de su mantenimiento, cuentan con presupuestos limitados y poca capacidad técnica para ejecutar obras de mejoramiento de manera sostenida. Como resultado, las intervenciones suelen ser esporádicas y reactivas, enfocadas en atender emergencias puntuales en lugar de desarrollar soluciones estructurales.
A esto se suma la falta de planificación a largo plazo. En muchos casos, las obras se realizan sin estudios técnicos adecuados, lo que reduce su durabilidad y obliga a constantes reparaciones. La ausencia de criterios de adaptación al cambio climático agrava la situación, ya que las lluvias intensas y los deslizamientos afectan con mayor fuerza a estas carreteras frágiles y mal protegidas.
En los últimos años, se han impulsado programas de mejoramiento de vías terciarias con enfoques comunitarios, en los que las juntas de acción comunal participan en la ejecución de las obras. Estas iniciativas han mostrado resultados positivos en algunos territorios, al generar empleo local y fortalecer el sentido de pertenencia. No obstante, los avances siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema, que abarca miles de kilómetros de carreteras rurales en todo el país.
Expertos en desarrollo rural coinciden en que fortalecer las vías terciarias es una condición indispensable para reducir la pobreza y cerrar brechas regionales. Una red vial rural en buen estado facilita la integración de los campesinos a los mercados, mejora la seguridad alimentaria y promueve el acceso equitativo a oportunidades económicas y sociales. Sin una inversión decidida en este tipo de infraestructura, los esfuerzos por dinamizar el campo colombiano seguirán encontrando serias limitaciones.
En conclusión, las vías terciarias siguen siendo el punto más vulnerable de la conectividad rural. Superar este rezago exige una política pública sostenida, con financiación adecuada, planificación técnica y enfoque territorial. Garantizar caminos rurales dignos no solo significa mejorar la movilidad, sino también apostar por el desarrollo integral del campo y por una Colombia más equitativa.
