El caso de la muerte del diseñador gráfico Juan Sebastián Romero Macías, ocurrida el pasado 26 de junio en una empresa ubicada en la localidad de Fontibón, en Bogotá, continúa generando fuertes reacciones en Colombia. La controversia aumentó luego de que el presidente Gustavo Petro calificara el hecho como el caso de «un empresario matando al trabajador», mientras que el empresario señalado sostiene una versión completamente distinta sobre lo sucedido.
El episodio, que aún es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, ha abierto un debate sobre el acceso a las armas de fuego, el presunto acoso laboral y la forma en que deberá establecerse la responsabilidad penal de los involucrados.
¿Qué ocurrió?
Según la información conocida hasta el momento, Juan Sebastián Romero, de 39 años, trabajaba como diseñador gráfico en una empresa del occidente de Bogotá.
El 26 de junio se encontraba dentro de las oficinas junto con su empleador cuando recibió un disparo en el pecho. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.
Desde entonces, la familia del diseñador ha sostenido que no se trató de un accidente y ha solicitado que el proceso sea investigado como un homicidio doloso.
El pronunciamiento del presidente Petro
La polémica tomó un nuevo rumbo el 22 de julio cuando el presidente Gustavo Petro publicó varios mensajes en su cuenta de X.
El mandatario afirmó:
«Un empresario matando al trabajador que le labora con un arma de fuego».
Asimismo, relacionó el caso con el debate nacional sobre el porte de armas y cuestionó la propuesta de flexibilizar su acceso en Colombia.
Petro sostuvo además que el caso representa un ejemplo de violencia contra los trabajadores y defendió la necesidad de fortalecer las garantías laborales.
¿Cuál es la versión del empresario?
Tras la controversia generada por las declaraciones del presidente, el empresario señalado entregó su versión de los hechos por medio de su defensa.
De acuerdo con esa versión, el disparo habría ocurrido de manera accidental, negando que existiera la intención de asesinar a Juan Sebastián Romero.
La defensa sostiene que el empresario intentó auxiliar inmediatamente a su empleado, trasladándolo personalmente a un centro médico para buscar atención urgente.
Además, rechaza que el caso pueda calificarse como un homicidio intencional y asegura que será la investigación de la Fiscalía la que determine exactamente cómo ocurrieron los hechos.
Lo que denuncia la familia de la víctima
Los familiares mantienen una postura completamente distinta.
Según han explicado públicamente:
- Juan Sebastián habría manifestado durante varios meses que sufría presunto acoso laboral.
- Incluso habría dejado por escrito su intención de renunciar.
- Consideran que el disparo no fue accidental.
- Solicitan que el proceso sea reclasificado como homicidio doloso.
Uno de los puntos centrales de su denuncia es la existencia de un video de seguridad que, según afirman, mostraría al empresario manipulando un arma durante varios minutos antes del disparo.
Sin embargo, aseguran que todavía no han podido acceder a esa grabación, la cual permanece bajo custodia de la Fiscalía como elemento probatorio dentro de la investigación.
La investigación continúa
Hasta el momento, la Fiscalía ha ordenado entrevistas, recolección de pruebas y análisis de los elementos materiales recopilados durante la investigación.
El proceso sigue en etapa investigativa y, al momento de las últimas actuaciones conocidas públicamente, no existía una decisión judicial definitiva sobre la responsabilidad penal del empresario.
Precisamente por ello, ninguna autoridad judicial ha emitido aún una sentencia que determine si se trató de un homicidio doloso, un homicidio culposo o un accidente, por lo que el caso continúa bajo análisis.
Un caso que reabrió el debate nacional
La muerte de Juan Sebastián Romero trascendió el ámbito judicial y se convirtió en un tema político.
Mientras el presidente Petro utilizó el caso para cuestionar el porte de armas y denunciar la violencia contra los trabajadores, distintos sectores han insistido en la necesidad de permitir que la investigación avance sin interferencias y que sean las autoridades competentes las que establezcan las responsabilidades con base en las pruebas.
Por ahora, la diferencia entre la versión de la familia y la del empresario constituye el eje principal del proceso, cuyo desenlace dependerá de las conclusiones de la Fiscalía y, eventualmente, de los jueces que conozcan el caso.
