Por Carlos Eduardo Lagos Campos
Antes de analizar lo sucedido en Venezuela, es necesario aclarar algo fundamental: este artículo no justifica ni normaliza la intervención militar o la violación de la soberanía estatal como método legítimo de política internacional. Lo ocurrido responde a una situación extraordinaria, donde la soberanía había sido previamente erosionada por un régimen autoritario que clausuró toda vía democrática y capturó el Estado. Ahora reconocer esa excepcionalidad no implica aceptar que cualquier país soberano pueda ser objeto de intervención unilateral, algo que expertos en derecho internacional califican incluso como violación del orden jurídico global.
Durante años, la comunidad internacional trató de ver la crisis venezolana como un problema solucionable por la vía electoral o negociada. Esa narrativa colapsó con el fraude que impidió la posesión de Edmundo González y María Corina Machado, lo que confirmó que la vía democrática estaba clausurada y que el régimen se sostenía fuera de toda legitimidad. A partir de entonces, pensar que el poder podía desmontarse por mecanismos ordinarios fue simplemente ingenuo.
El proyecto político que comenzó con Hugo Chávez derivó en un Estado capturado. Bajo Nicolás Maduro y una élite enraizada en el poder coercitivo, la coerción y el control institucional reemplazaron al consenso político. La combinación de presos políticos, persecución de la oposición y censura sistemática cerró cualquier espacio de alternancia legítima.
Este proceso interno se reforzó con inserciones geopolíticas deliberadas: vínculos con Irán, Cuba, China, Corea del Norte y Rusia transformaron la crisis venezolana en un nodo de disputa estratégica global, más allá de lo doméstico.
Las negociaciones internacionales, salidas discretas y exilios dorados no debilitaron al régimen: le dieron tiempo para reorganizar apoyos y profundizar sus estructuras de control.
La operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y que ha sido objeto de críticas por violar normas de la Carta de las Naciones Unidas representa un punto de quiebre. Más que un acto aislado, el impacto político fue inmediato: el gobierno interino empezó a liberar presos políticos —un número aún por verificar plenamente, pero confirmado como gesto de paz tras la presión de grupos opositores y la sociedad civil— en lo que muchos opositores ven como un primer paso hacia la reconciliación.
El discurso del presidente Donald Trump aunque imprudente en el tema del manejo del petróleo, dejó claro que la intención estadounidense no era una ocupación permanente, sino una “estabilización” orientada a reducir riesgos globales y reconfigurar relaciones económicas, incluida la compra de petróleo venezolano a precios comerciales.
En ese marco, adquiere relevancia el acercamiento entre Gustavo Petro y Trump, con una reunión proyectada en la Casa Blanca que podría aportar claridad a la posición regional.
El reto hoy es claro: ningún proceso de transición será sostenible si el núcleo duro del régimen —concentrado en figuras como Diosdado Cabello o el general Vladimir Padrino López— permanece intacto. La posibilidad de extracción, extradición o asilo de estos actores no es mera expedición judicial, sino una condición para desactivar el poder fáctico que sostuvo al régimen.
Más allá de la euforia inicial, el desafío político es monumental: convertir una ruptura excepcional en una transición democrática legítima, sin tutelas extranjeras permanentes, respetando la soberanía y estableciendo garantías institucionales. Las liberaciones de presos políticos son un gesto importante, pero todavía insuficiente.
La historia demuestra que las transiciones incompletas no resuelven las crisis: solo las prolongan.
