Caracas — En medio de una crisis política sin precedentes tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la destitución del mayor general Javier Marcano Tábata, quien hasta ahora se desempeñaba como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de seguridad del mandatario capturado.
La Guardia de Honor Presidencial es la unidad responsable de la protección directa del jefe de Estado, por lo cual la remoción de su comandante representa una de las decisiones más significativas en el reordenamiento del aparato de seguridad estatal iniciado desde la asunción de Rodríguez como presidenta encargada.
Rodríguez fue juramentada en el cargo ante la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, luego de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo, según reportes internacionales.
La orden de destitución fue informada por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje oficial, en el que además anunció el nombramiento de Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Marcano Tábata no solo estaba al frente de la seguridad presidencial, sino que también dirigía la DGCIM, organismo señalado históricamente por organizaciones de derechos humanos como una pieza clave en la represión gubernamental contra opositores, periodistas y manifestantes. Un informe de la ONU documentó múltiples casos de torturas y tratos crueles infligidos bajo su mando en distintas instalaciones de detención a lo largo del país.
El reemplazo de Marcano Tábata por González López, un militar con una trayectoria extensa en los servicios de seguridad del Estado —incluyendo dos períodos al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— ha generado reacciones mixtas. Aunque el comunicado oficial habla de “fortalecimiento institucional” para garantizar la paz y la vigencia constitucional, analistas señalan que la designación sostiene las estructuras de poder tradicionales del chavismo y no representa un cambio sustancial en la política de seguridad.
González López ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos, que lo acusan de violaciones de derechos humanos y de dirigir un aparato de inteligencia implicado en represión política.
Este movimiento se produce en un contexto de alta tensión interna y externa: el país enfrenta una fuerte presión diplomática y política tras la incursión estadounidense, y el liderazgo de Rodríguez está siendo observado tanto por aliados como por adversarios para evaluar el rumbo del régimen chavista sin la figura de Maduro al mando.