El Gobierno de Venezuela expresó un enérgico rechazo al secuestro de un segundo buque petrolero cargado con crudo venezolano por parte de Estados Unidos, calificando el hecho como un acto criminal que constituye una grave violación del derecho internacional y advirtiendo que no quedará impune. La denuncia fue realizada a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
En el texto, las autoridades venezolanas describen el incidente como un “robo y secuestro” del buque y denuncian además la “desaparición forzada” de la tripulación, lo que agrava aún más la situación desde el punto de vista humanitario y legal. Según el comunicado, los responsables de estos hechos deberán responder ante la justicia y ante la historia por lo que el gobierno considera un proceder ilegal y criminal.
El pronunciamiento oficial sostiene que la incautación del petrolero implica una violación directa del artículo 3 del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima de 1988, un instrumento internacional que protege la libre y segura circulación de embarcaciones en aguas internacionales. Asimismo, Venezuela afirma que se trata de una flagrante violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de los Estados.
El gobierno venezolano también argumenta que el hecho contraviene el artículo 2 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, así como los principios contenidos en la Declaración sobre las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados, normas fundamentales del derecho internacional que garantizan la igualdad soberana, la no intervención y la libertad de navegación.
En el comunicado, Caracas enfatiza que estas acciones forman parte de una escalada de agresiones por parte de Estados Unidos contra Venezuela, en el marco de una política de presión que incluye sanciones económicas y operaciones militares en la región. Ante este escenario, el Ejecutivo venezolano reiteró que ejercerá todas las acciones legales y diplomáticas correspondientes para denunciar lo ocurrido.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la presentación formal del caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como ante otros organismos multilaterales y gobiernos del mundo, con el objetivo de que la comunidad internacional conozca y se pronuncie sobre lo que Venezuela considera una violación grave del orden jurídico internacional.
Finalmente, el Gobierno de Venezuela reafirmó su convicción de que el derecho internacional debe imponerse frente a estas acciones y aseguró que continuará defendiendo su soberanía y sus recursos naturales. El comunicado concluye reiterando que los responsables de estos hechos no quedarán impunes y deberán responder por sus actos tanto en instancias judiciales como en el juicio histórico de la comunidad internacional.