En el tradicional parque Santiago, ubicado en el corazón de la ciudad de Pasto, un grupo de vendedores informales nocturnos ha levantado su voz ante lo que consideran una creciente presión por parte de las autoridades locales. Estos comerciantes —dedicados a la venta de bebidas tradicionales como hervidos y canelazos, así como comida rápida y productos básicos— denuncian que la Policía ha endurecido los controles, afectando gravemente su trabajo.
Rosa Gonzales, una de las representantes del grupo, expresó que esta labor es su única fuente de ingresos y que las recientes medidas están minando su capacidad para sostener a su familia. “Antes podíamos trabajar hasta pasada la medianoche. Ahora nos exigen salir mucho antes, incluso cuando aún hay clientela”, aseguró con preocupación.
Comercio
La situación ha generado malestar en decenas de familias que dependen de este tipo de comercio para sobrevivir. Armando Rosero, quien lleva más de cinco años vendiendo en el parque, señaló que las nuevas restricciones “no solo reducen el ingreso diario, sino que comprometen la estabilidad financiera de hogares enteros que viven del trabajo honesto en las calles”.
Los comerciantes sostienen que no están en contra del orden público, pero exigen condiciones dignas y un trato respetuoso por parte de las autoridades. Temen que, si no se encuentra una solución pronto, muchos se verán obligados a abandonar esta actividad o enfrentar situaciones de mayor vulnerabilidad económica.
Tensión
La tensión creciente entre autoridades locales y comerciantes informales refleja un problema estructural que no es exclusivo de Pasto. Se trata de un conflicto urbano recurrente, donde se cruzan derechos al trabajo, regulaciones del espacio público, seguridad ciudadana y la economía informal.
Mientras los vendedores apelan al derecho de trabajar sin ser perseguidos, las autoridades justifican su accionar bajo el argumento de mantener el orden y garantizar la tranquilidad de la zona en horas nocturnas. Expertos en desarrollo urbano y gestión social coinciden en que este tipo de situaciones requiere mesas de diálogo participativo, donde se busque un equilibrio entre la legalidad, la necesidad económica y el bienestar común.