En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente cargos a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en una red de corrupción destinada a la compra de votos en el Congreso, para lo cual seguirían instrucciones del Gobierno Nacional. Al respecto, se recuerda que los expresidentes del Congreso de la República, Iván Name y Andrés Calle, se encuentran privados de la libertad, por presuntamente haber recibido en este proceso, multimillonarios sobornos.
Según información en poder del ente acusador, los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2023 y febrero de 2024 e involucraría la asignación de 74 contratos por más de 612.000 millones a congresistas, con el objetivo de asegurar mayorías parlamentarias para la aprobación de reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Por esta razón la Fiscalía pidió medida de aseguramiento para los dos exministros, afirmando que “esta historia apenas comienza.
La audiencia de imputación se realizó en el Tribunal Superior de Bogotá, bajo la dirección de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero.
La próxima sesión está programada para el 15 de diciembre de 2025.
Los delitos
Durante la audiencia, la Fiscalía acusó a Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
“Los dos exministros fueron los líderes de una organización criminal cuyo objetivo principal fue el de corromper a congresistas para que votaran a favor las reformas del Gobierno Nacional”, reiteró la Fiscalía.
“Líderes y promotores”
La Fiscalía sostiene que las acciones de los exministros Bonilla y Velasco representan un «peligro para la sociedad» y podrían generar obstrucción a la justicia si permanecen en libertad – crédito redes sociales
Según la fiscal María Cristina Patiño, ambos exfuncionarios “lideraron, promovieron y dirigieron” una organización criminal que buscaba “aceitar” con contratos a congresistas para garantizar el respaldo a las reformas sociales y operaciones de crédito público propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, según recogieron los medios fuente.
La investigación se apoya en las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Estos exfuncionarios, que han negociado beneficios judiciales a cambio de su colaboración, describieron cómo los exministros habrían ordenado la entrega de contratos a legisladores a cambio de su apoyo en el Congreso, de acuerdo con la información recogida por los medios fuente.
Reuniones y acuerdos
La Fiscalía detalló una serie de reuniones y acuerdos que habrían permitido el direccionamiento de contratos a congresistas de distintas comisiones.
El primer hecho relevante se remontaría a noviembre de 2023, cuando Velasco y Bonilla habrían instruido a Benavides para reunirse con el senador Julio Elías Chagüi y discutir tres proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) en el departamento de Córdoba, por un total de 15.700 millones de pesos.
La Unidad para la Gestión de Desastres está bajo escrutinio tras denuncias sobre irregularidades en contratos asignados por favores legislativos – crédito Carlos Ortega / EFE / Luisa González / Reuters
Chagüi habría manifestado representar a otros ocho congresistas y solicitado cupos indicativos a cambio de votos, según la Fiscalía.
El segundo episodio involucra a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp): Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, Liliana Bittar y Juan Pablo Gallo.
Tras la negativa de la Cicp a aprobar 17 créditos para la Nación entre junio y diciembre de 2023, los exministros habrían negociado la asignación de tres convenios de la Ungrd para los municipios de Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, por 89.619 millones de pesos. Posteriormente, la Cicp aprobó varias operaciones de crédito, según la información presentada por la Fiscalía.
Un tercer hecho señalado por la Fiscalía es la presunta asignación de un contrato para obras de mitigación de inundaciones en Sahagún (Córdoba), por 28.141 millones, al senador Chagüi. Aunque la reunión para concretar este acuerdo se habría realizado el 23 de noviembre de 2023, la fiscal Patiño indicó que el convenio no llegó a ejecutarse.
Proyectos y contratos involucrados
En total, la Fiscalía sostiene que Bonilla y Velasco comprometieron la entrega de 74 proyectos del Invías, por 571.000 millones, y cinco proyectos adicionales en la Ungrd, por más de 40.000 millones.
Los seis dirigentes políticos investigados por presunta corrupción en contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, quienes seguirán el proceso en libertad tras decisión de la Corte Suprema – crédito Congreso Visible y Cámara de Representantes
Estos contratos estaban dirigidos a congresistas de las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Senado, así como de la Cámara de Representantes y la Cicp.
La investigación también señala que, de los 79 contratos identificados, solo siete se habrían concretado. El reparto de los proyectos se organizó por comisiones y regiones, con montos significativos destinados a departamentos como Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima, Magdalena, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle, Bolívar, Sucre, Cundinamarca y Boyacá.
Defensa de los exministros
Durante la audiencia, tanto Bonilla como Velasco rechazaron los cargos y defendieron su inocencia. Bonilla manifestó ante la magistrada Rosero Baquero: “Más de medio siglo trabajando actividades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita. Eso lo conoce bien la Fiscalía. Cumplí cabalmente con mis funciones como ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley. Yo tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia con mi equipo de defensa hasta las últimas consecuencias”, indicó en la audiencia.
Participó de manera virtual
Por su parte, Velasco, quien participó de forma virtual, insistió en que los hechos imputados no corresponden a su periodo como ministro y cuestionó la falta de precisión en las acusaciones:
Velasco también descartó cualquier acuerdo con la Fiscalía y reiteró: “No acepto cargos, señora magistrada. No tengo absolutamente nada que negociar con la Fiscalía General de la Nación, porque soy completamente inocente”.
TITULO (RECUADRO)
La graves acusaciones
La fiscal delegada María Cristina Patiño señaló que “el señor Velasco y el señor Bonilla lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas a cambio de su aval, su aprobación en aquellos actos legislativos en los que el Gobierno Nacional tuviera un interés”.
De acuerdo con Patiño, esta “empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho”.
Según dijo, entre mayo del 2023 y diciembre del 2024, “acordaron cohechar congresistas, mediante la entrega de contratos de la UNGRD, a cambio de que estos concurrieran y votaran los proyectos de ley del Gobierno (…) Concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias”.
Se trataría de 74 proyectos radicados en el Invías, por un valor de 571.701.000 de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD, por 40.536.000.000 de pesos, supuestamente direccionados en favor de congresistas de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado, y de la Comisión Séptima del Senado.
E, incluso, llegó a mencionarlos: “El proyecto de contrato de obra en el municipio de Cotorra, en el que estaban indebidamente interesados los congresistas David Manzur, Julián Peinado y Liliana Esther Bittar, y el proyecto de contrato de obra en Saravena, en el que estaban interesados los parlamentarios Karen Manrique y Juan Diego Muñoz”.
Participación de Olmedo López
La fiscal señaló en audiencia que, “había una apuesta para continuar con esa negociación ilícita, con esa manera de corromper la democracia, que se iba a extender durante todo el gobierno”, y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, era una ficha clave para Bonilla y Velasco:
“La razón era solo una que callan los ministros mencionados. Que Olmedo López estuviera en la reunión era para ordenarle dirigir la contratación a los congresistas que se le indicaran, a fin de sacar avante las reformas a las pensiones y a la salud”.
Así lo expuso: “Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del 2023, le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional, para lo que debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República, con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión”.