La Masacre de San José de Apartadó, ocurrida el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa (entre Antioquia y Córdoba), es uno de los crímenes más graves del conflicto armado colombiano. Ese día, ocho civiles fueron asesinados, entre ellos tres niños, incluido un bebé de 21 meses. Las víctimas fueron brutalmente atacadas con machetes y armas de fuego, desmembradas y enterradas en fosas clandestinas. El hecho solo se conoció cinco días después.
Las investigaciones demostraron que la masacre fue perpetrada por paramilitares del Bloque Héroes de Tolová de las AUC, en coordinación con miembros del Ejército Nacional, específicamente del Batallón de Infantería N.º 47 adscrito a la Brigada XVII. Según las pruebas, los militares no solo permitieron la operación, sino que acompañaron a los paramilitares sin impedir los asesinatos.
Inicialmente, el Gobierno y la cúpula militar atribuyeron falsamente la masacre a las FARC, versión que se sostuvo durante años mediante testimonios manipulados y obtenidos bajo amenazas y tortura. Con el tiempo, confesiones de paramilitares y pruebas judiciales desmontaron esa mentira y permitieron avanzar hacia la verdad.
Gracias a estos testimonios, se lograron condenas contra varios militares. En 2008, un capitán reconoció su participación, y en 2019 la Corte Suprema condenó a otros oficiales y suboficiales, incluyendo a un teniente coronel considerado autor mediato.
A partir de 2018, varios de los militares condenados se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras el acuerdo de paz. Esto generó polémica, ya que las víctimas temían que el sistema se convirtiera en un mecanismo de impunidad si no se garantizaba verdad completa.
La JEP permitió su ingreso, suspendió órdenes de captura y les otorgó beneficios, pero bajo una condición clave: aportar verdad plena, detallada y verificable, además de comprometerse con la reparación de las víctimas y la no repetición.
En 2022, la JEP dio un paso crucial al declarar estos hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben. Además, elevó el nivel de exigencia para los responsables: solo podrán acceder a sanciones más leves si dicen toda la verdad.
Actualmente, el caso se encuentra en una etapa clave dentro del Caso 04 (Urabá) de la JEP. Se están realizando audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad, donde los militares deben explicar:
- Cómo ocurrieron exactamente los hechos
- Por qué fueron elegidas las víctimas
- Quién dio las órdenes
- Qué papel jugaron mandos superiores
Para las víctimas, este proceso es fundamental, no solo por justicia judicial, sino por verdad, reparación y memoria. Aún existen dudas sobre la responsabilidad de altos mandos del Ejército en la operación.
En el modelo de justicia transicional, el reconocimiento no es simbólico: implica actos concretos de reparación, posibles pedidos públicos de perdón y medidas para reconstruir el tejido social.
