El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes 21 de octubre al expresidente Álvaro Uribe Vélez del cargo de soborno en actuación penal dentro del proceso judicial relacionado con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, decisión que representa un giro determinante en uno de los casos más polémicos de la justicia colombiana. Los magistrados fundamentaron el fallo en la ausencia de pruebas que demostraran la participación directa de Uribe como determinador del delito y la inexistencia del dolo requerido para configurar la conducta punible.
La audiencia, que se desarrolló de manera virtual para las partes y presencial para los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, se concentró en revisar la sentencia emitida en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien había condenado al exmandatario por supuestamente ofrecer, a través de su abogado Diego Cadena, beneficios a internos como Vélez y Juan Guillermo Monsalve para modificar sus declaraciones sobre la presunta creación del bloque “Metro” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Sin embargo, el Tribunal concluyó que las pruebas practicadas no acreditaban el vínculo doloso necesario para determinar la responsabilidad penal del expresidente Uribe, subrayando que “la aplicación del dolo eventual como fundamento de la condena constituye un yerro dogmático, ya que la figura de la determinación penal exige dolo directo”.
El fallo también cobija el caso de Eurídice Cortés alias ‘Diana’
La decisión judicial no solo absolvió a Uribe en el caso de Vélez Ramírez, sino que también se extendió al proceso relacionado con Eurídice Cortés Velasco, alias ‘Diana’, donde la acusación se sustentaba en hechos similares. En este sentido, el tribunal determinó que no existían elementos probatorios sólidos que demostraran ofrecimientos o presiones provenientes del expresidente o su defensa jurídica.
Durante la sesión, iniciada a las 8:02 a. m., el magistrado Merchán explicó que el análisis se centró en tres aspectos clave: las solicitudes de nulidad de la defensa, la exclusión de pruebas consideradas irregulares y la revisión de la fundamentación jurídica del fallo original. Además, aclaró que el término prescriptivo del caso no había vencido, pues la Sala Penal había adoptado una decisión sobre el expediente el pasado 10 de octubre.
El tribunal también ordenó abrir una investigación contra el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez por un posible delito de falso testimonio, dado que se hallaron inconsistencias en sus declaraciones y contradicciones frente a las pruebas documentales y testimoniales presentadas durante el proceso.
La absolución no cierra el proceso judicial completamente
Aunque la decisión judicial representa una victoria jurídica para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el proceso aún no concluye de manera definitiva, ya que sigue pendiente la resolución del cargo por fraude procesal, un delito que continúa bajo revisión en los despachos judiciales correspondientes.
En su fallo, el Tribunal Superior enfatizó que “las pruebas presentadas no logran acreditar un nexo causal entre las actuaciones del exmandatario y los supuestos actos de soborno”, lo cual desvirtúa los fundamentos de la sentencia inicial. Este pronunciamiento, considerado histórico por analistas y juristas, reabre el debate sobre los límites de la responsabilidad penal en la figura del determinador y el alcance del dolo en procesos judiciales de alta relevancia política.
Con esta resolución, Uribe recupera una posición favorable dentro del panorama judicial colombiano, aunque el caso continúa bajo la mirada atenta de la opinión pública y de los sectores políticos que han seguido el proceso como un símbolo del choque entre justicia y poder en Colombia.